El sindicato Comisións Obreiras aplazó la huelga indefinida prevista para ayer entre las 12 trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) contratadas por Galaurea, la adjudicataria de esta prestación, y que anteriormente habían trabajado contratadas por la Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e Comarca (Apalc). Dicho retraso se dio a conocer a la firma y a la Consellería de Traballo, aunque no a los medios de comunicación, en la mañana del sábado y debido a que el sindicalista encargado de este conflicto, Eusebio Justo, había sufrido un problema de salud.

Su compañero de filas, José Luis García Pedrosa, apuntaba ayer que la huelga se puede retomar "en calquera momento e sen esperar aos 10 días que marca a norma. Claro que, á vista dos resultados, o aprazamento non foi boa idea", matizaba. Pedrosa se refería con estas palabras a la brevísima reunión que, a media tarde, mantuvo con representantes de la firma así como con la concejala de Servizos Sociais, Paz Pérez. "Agardábamos a que dende o Concello se fixesen propostas, e non foi así", reprochaba. Por ello, la sede de Comisións en Lalín acogerá un encuentro con las 12 trabajadoras subrogadas, para decidir la fecha de la nueva protesta y el rumbo de las negociaciones.

Pedrosa insiste en que esta protesta -a la que no se sumaron las otras 20 empleadas contratadas de modo independiente- se debe no sólo por la postura de Galaurea respecto a la subida del salario en un 42%, sino también a los retrasos que acumulan la docena de afectadas, y que van ya por los 45.000 euros. "O convenio, aínda que estea impugnado, está en vigor. O problema vén, en realidade, de que Galaurea presentou á baixa a súa oferta para o SAF pensando xa en que ía incumprir o convenio". En cuanto a los atrasos, las 12 empleadas presentaron ya una demanda, en cuyo acto de conciliación del pasado jueves no hubo acuerdo, por lo que continuarán con ésta en los Juzgados de lo Social.

La postura de la empresa es totalmente distinta en estas cuestiones. Desde la sede central de Galaurea en Pontevedra, Marta Blanco recalcaba ayer que el convenio de febrero, impugnado, "no se aplica desde Galaurea ni desde ninguna otra empresa del sector". En cuanto a la subida salarial que reclaman las trabajadoras, compara esta reivindicación con el hecho de que "si los políticos de Lalín van a rebajar su salario para reducir el gasto público, no es lógico que no se pronuncien en contra de esta subida que reclaman las trabajadoras" por sus servicios en la firma.