Lalín rechaza la alegación de la familia Carral sobre el derribo total del parking

El gobierno adjudica la demolición parcial a Taboada y Ramos pese a que anunció que no lo haría hasta tener respuesta judicial

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El parking Europa cumplirá cinco meses cerrado la próxima semana.  // Bernabé/Javier Lalín
El parking Europa cumplirá cinco meses cerrado la próxima semana. // Bernabé/Javier Lalín 

DANIEL FERNÁNDEZ - LALÍN La junta de gobierno local de Lalín analizó ayer diversas cuestiones referidas al conflicto del parking Europa, clausurado por la justicia desde el pasado 9 de octubre, y entre las mismas se encontraba el análisis de las tres alegaciones presentadas por afectados por el expediente de legalización y la solicitud de la licencia de actividad del aparcamiento. El ejecutivo rechazó por completo la petición de la familia Carral, que fue la que demandó al concello por este asunto, para que se derribe por completo el estacionamiento cumpliendo con la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Además, también rechazó la solicitud de una comunidad de propietarios relativa a las rampas y accesos y admitió la alegación de un afectado que reclamaba que se extremasen las medidas de seguridad durante las obras para evitar que se produzcan grietas y desperfectos en los inmuebles más próximos.
Tras la resolución de las alegaciones, el expediente completo con el proyecto de demolición parcial, de 1.903 m2 y 61 plazas, y el plan de legalización fue remitido a la Consellería de Medio Ambiente para que emita el preceptivo informe sobre la licencia de actividad, que el concello intenta sacar adelante.
Eso sí, el ejecutivo no parece tener las cosas muy claras en este conflicto judicial por cuanto el edil Manolo Gómez, que ejerció de portavoz tras la junta de gobierno, dijo que las alegaciones no se habían tratado en la sesión y posteriormente desde el concello se informó de la resolución de las mismas.
Los vaivenes en este conflicto, que han sido constantes, también se produjeron ayer respecto a la adjudicación del derribo. Hace pocas semanas se produjo la contratación provisional de las obras a Taboada y Ramos por 227.000 euros y el alcalde, Xosé Crespo, dejó bien claro que la adjudicación definitiva no se produciría hasta que no hubiese una respuesta del juzgado sobre la idoneidad o no del proyecto de legalización remitido. Ayer, el ejecutivo cambió de opinión y adjudicó definitivamente la actuación a la firma lalinense con una cláusula en el pliego que condiciona el inicio de las obras a la respuesta favorable de la justicia. Eso sí, Gómez no supo explicar la nueva postura y la achacó a supuestas decisiones de los técnicos para tener todo listo para empezar cuando llegue la respuesta.

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