El PSOE de Silleda anunció anoche que la Xunta prevé el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital trasdezana y culpó al gobierno local de ocultar los hechos a ciudadanía. La portavoz socialista, Paula Fernández Pena, aprovechó el turno de preguntas para interpelar sobre esta posibilidad al ejecutivo de Ofelia Rey, sin encontrar una respuesta desde la presidencia del pleno. En caso de que se cumplan las previsiones del PSOE, esto implicaría que el centro de salud solamente mantuviese las consultas ordinarias y se anulasen las urgencias, propias de este servicio. Pena advirtió de esta posibilidad y reclamó al ejecutivo que interviniese. También reveló que vecinos de A Bandeira está realizando una recogida de firmas para garantizar una cobertura asistencial idónea en la consulta de esta localidad.
El pleno, bronco por momentos, arrancó con la ex alcaldesa defendiendo su gestión económica de nuevo, alegando que informes municipales evidencian que consiguió rebajar la deuda con proveedores y practicó una política de contención de gasto. Tras una densa explicación y las advertencias del portavoz del BNG, Matías Rodríguez da Torre, se aprobó la cuenta de 2008. El nacionalista volvió a demandar un mayor control en el gasto público, referido a las contrataciones, para que la situación financiera del concello pueda encaminarse. También cuestionó los 23.000 euros que Silleda aportará a la Mancomunidade Terras de Deza al entender que esta entidad carece de sentido y no presta ninguno de los servicios para los que fue concebida. Da Torre también recriminó al gobierno que se validasen facturas sin fiscalizar o cuyo importe superaba el límite establecido en cada caso. El expediente extrajudicial de crédito por 282.000 euros para pagar facturas de 2009 se aprobó con los votos del grupo de gobierno, del edil del PP, Manuel Mato, el no adscrito Gerardo Lázara y la abstención de PSOE y Bloque.
El gobierno contestó con un silencio a la pregunta del nacionalista sobre si se registraron contratos irregulares, suspendidos posteriormente por recomendaciones de los servicios jurídicos municipales. El grupo de Rey tampoco ocultó que se habían modificado partidas para garantizar en diciembre las nóminas del personal municipal.
El pleno transcurrió sin que el ejecutivo secundase las mociones de PSOE y BNG y solamente lo hizo para reclamar a la Xunta la gratuidad del servicio de limpieza de vehículos en la Semana Verde. Tampoco contestó a ningunha del cerca de medio centenar de ruegos o preguntas que plantearon socialistas y nacionalistas. Sin embargo, sí recibieron ayer las réplicas a las formuladas, en algunos casos, hace más de dos meses.
Pena y Cuiña
El concejal no adscrito Javier Cuiña instó a Pena a aclarar por qué había aseverado a unos vecinos de Cortegada que tenía un trabajo en la Diputación provincial. La ex alcaldesa negó que lo afirmase en público, pero aventuró que sí lo tendría como pago por su apoyo a la moción de censura. Cuiña la invitó a que se reafirmase en sus declaraciones, pero sólo cuando tuviese motivos para hacerlo.
