Las directivas de un amplio número de asociaciones vecinales pertenecientes a diferentes puntos del rural de A Estrada mantuvieron en la tarde de ayer una reunión en Barbude para valorar las últimas manifestaciones públicas que, en relación a la denominada Comisión de Asociacións do Rural, realizaron el alcalde, José Antonio Dono, y la titular estradense de Urbanismo, Irene Aguiar Lale. Este colectivo afirma que comparte con el gobierno la urgencia por aprobar un Plan Xeral pero matiza que "non a calquera prezo" y entiende que el importe que ha de pagar para ello el rural del municipio es "excesivamente alto" para "saír desta situación da cal non ten culpa algunha". "E non nos valen as promesas de que cando se modifique a lei (por la Lei do Solo) xa se reformará, pois está claro que non nos podemos fiar de que nos mentiu dende o principio", manifiestan conjuntamente estas asociaciones.
"Se alguén ten que xustificar a súa credibilidade ante os veciños está claro que non son os representantes das asociacións, pois convén lembrar que os partidos que hoxe conforman o goberno de A Estrada no seu día votaron en contra do Plan Xeral alegando entre outras cousas que o rural era o gran perxudicado", manifestaron estos colectivos vecinales en un comunicado remitido en la tarde de ayer. De igual modo, recordaron que en ese mismo momento el gobierno autonómico estaba conformado por PSOE y BNG y, por tanto, "a demoledora e famosa orde da consellería do 5 de maio de 2006, pola cal se debe rexer o PXOM de A Estrada, foi ditada polos que conformaban o goberno da Xunta de Galicia nese intre e que eran os mesmos grupos políticos que formaban a oposición no Concello de A Estrada e votaron en contra do citado PXOM, o cal como mínimo resulta sospeitoso", apuntan. Añaden que este hecho no tendría mayor importancia "se unha vez que acadan o goberno na Estrada refixesen o PXOM do xeito que eles mencionaban e en beneficio de tódolos estradenses".
Estas asociaciones también apuntaron que se las acusa de estar "ao servizo da oposición", significada en el Partido Popular. En este sentido, quisieron recordar que muchos de estos colectivos vecinales fueron igual de críticos con el anterior gobierno estradense cuando era el edil José Manuel Reboredo el responsable del departamento de Urbanismo. "Ao igual que agora só defendemos os nosos intereses, iso si, cunha diferenza: non lembramos ser atacados de tal xeito polo goberno", manifiestan. No niegan estas entidades que tuvieron ayuda del PP a la hora de conseguir una reunión con la Dirección Xeral de Urbanismo para comprobar si sus reivindicaciones eran justas. No obstante, recordaron al gobierno que fue su puerta la primera que tocaron al mantener una reunión con Dono e Irene Aguiar, sesión en la que también estuvo representado el equipo redactor. Subrayan que en este encuentro se respondió "con negativas" a todas sus propuestas, entre las que figuraba la petición de que se ampliase el plazo de alegaciones "para que dese tempo a que os técnicos acudisen a cada parroquia para consensuar posturas coas distintas asociacións". Añaden que posteriormente se solicitó por escrito una prórroga del plazo de exposición del documento urbanístico, sin obtener respuesta.
Por otro lado, estos colectivos manifiestan que tuvieron constancia a través de la prensa de la pretensión de la edil de Urbanismo de acompañarlos en la reunión mantenida con la Dirección Xeral de Urbanismo, "sen que se puxese en contacto con ningún membro destas asociacións". "Que opinen os cidadáns se estas son formas ou posturas de achegamento", señalan. Acto seguido, apuntan que se le remitió un escrito a la edil en el que se la invitaba a dar "mostras dun cambio de postura e prorrogase o prazo de alegacións un mes", además de solicitar la constitución de una comisión de seguimiento en la que estas asociaciones estuviesen presentes. Aseguran no haber tenido noticias por su parte hasta la rueda de prensa en la que se sintieron atacados "con dureza".
Estas asociaciones apuntan a las más de 2.000 alegaciones con las que se cerró la exposición pública del Plan Xeral y se preguntan cómo se justificarán ahora, pues entienden que "de seguro a maior parte son do rural". Las entidades vecinales no quisieron perder ayer la ocasión de recordar el gobierno local que no buscan confrontación, sino un acuerdo "para saír o menos perxudicados posible". Defienden que para ello tiene que imponerse el diálogo. Por este motivo, tendieron en la pasada jornada su mano a los dirigentes estradenses para el entendimiento, no sin advertir que estarán expectantes a lo que suceda a partir de ahora y afirmar que están dispuestos a movilizarse todo lo que sea preciso para defender sus intereses.
