La justicia desestima el recurso contra las cuotas de urbanización de Lalín de Arriba

DANIEL FERNÁNDEZ - LALÍN La justicia ha desestimado un recurso contra el Concello de Lalín contra la imposición de las cuotas de urbanización del Plan de Sectorización del Agro de Lalín de Arriba, que fue inaugurado hace más de un año pese a que aún no ha sido entregado al ayuntamiento a falta de las nuevas líneas eléctricas.

El concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, se felicitó por el fallo del juzgado pontevedrés, que otorga la razón al concello, y que en caso de ser adverso generaría una complicada situación para afrontar el pago definitivo de esta urbanización, que rondó los 2,3 millones.

Según explicó el edil, la sentencia califica de inadmisible el planteamiento del recurso, que pretendía la ilegalidad de la imposición de cuotas económicas a los propietarios para sufragar los costes del desarrollo de un plan urbanístico.

Cabe señalar que esta causa se inició en noviembre del pasado año, cuando se puso al cobro la primera de las tres cuotas que deben abonar los propietarios, ya que un grupo de cuatro mujeres se opuso al sistema e interpuso una demanda ante la justicia. El proceso, que se dilató durante trece meses, padeció algunos cambios, ya que una de las denunciantes abandonó finalmente la lucha litigiosa. Para Román Rodríguez, las demandantes estaban "mal asesoradas" y apenas tenían posibilidades de sacar adelante su propuesta, ya que recordó que las cuotas de urbanización están recogidas como tal en la legislación.

El concejal también aprovechó para recordar que muchas críticas políticas sobre el Agro de Lalín de Arriba estaban inspiradas en este recurso y le respondió a la oposición que el fallo judicial demuestra que estaban infundadas.

Por otra parte, el concejal también reveló que se han comenzado a cobrar, por la vía ejecutiva, los recibos impagados de la primera y segunda cuota de urbanización. Cabe señalar que estos pagos, que ascendían globalmente a algo más de 700.000 euros cada uno, tuvieron una morosidad de entre el 15 y el 20% pese a que en su momento un grupo de afectados mostró en público su disposición a no asumir sus respectivas cuotas al carecer de liquidez y no contar con ninguna oferta de las constructoras por esos terrenos.