El ejecutivo de A Estrada movió ficha en el día después a que trascendiese la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el decreto de la Xunta de 16 de noviembre de 2006 por el que se suspendió la vigencia de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal y se aprobó la normativa provisional en materia urbanística. El alcalde, José Antonio Dono, informó de que en la mañana de ayer mantuvo contactos con la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, bajo la pretensión de solicitar una entrevista urgente que contribuya a aclarar el escenario que se vislumbra tras conocerse el fallo del alto tribunal gallego tras el recurso contencioso-administrativo cursado por diversos vecinos vinculados a la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e o Urbano (Aedru).
Desde el ayuntamiento se recordó que la emisión del citado decreto fue solicitada por el anterior gobierno municipal, "ante a imposibilidade de aprobar o Plan Xeral no prazo establecido e a inexistencia de regulación urbanística de carácter local". Fuentes de la administración estradense puntualizaron que el Concello no es parte en este proceso judicial, motivo por el cual no tiene en su mano la posibilidad de interponer un recurso contra el acuerdo del tribunal.
A la espera de que Urbanismo le confirme una cita para la entrevista solicitada ayer, el mandatario socialista evitó pronunciarse sobre la sentencia, así como en relación a sus posibles consecuencias y acciones futuras hasta no conocer cuál es la postura de la administración autonómica y los pasos que ésta programa dar tras conocerse la citada resolución. En esta misma línea, el alcalde abogó por estudiar los posibles caminos a seguir y las implicaciones de la decisión judicial.
El primer edil considera que el fallo del TSXG "non afecta á tramitación do plan, xa que son cuestións diferentes". El mandatario estradense no ocultó su preocupación ante el hecho de que "as normas do 78 non cumpren a lexislación autonómica vixente, co cal podemos enfrotarnos a unha situación na que o Concello non tería base legal para conceder licenzas". En todo caso, el jefe del ejecutivo local se mostró partidario de aguardar a que sea la Xunta la que informe sobre cuál es la situación en laque quedaría el urbanismo municipal, en la medida en que es la administración gallega la que tiene competencias en esta materia.
Por otra parte, Dono estimó ayer que esta sentencia es la "consecuencia dunha política nefasta en materia de urbanismo nos últimos anos, que estivo caracterizado polo enfrontamento do goberno cos veciños, e por non concederlle a debida importancia á redacción e aprobación do plan". Considera el dirigente local que esta actitud condujo "á non concesión de licencias, á proliferación de obras ilegais e a continuos conflitos xudiciais entre Concello e veciños". "Nos últimos 20 anos actuouse sen cabeza en cuestión urbanística, e isto levounos á situación actual", apostilló el regidor.
El alcalde manifestó también ayer que "hai intereses dos distintos veciños afectados que entran en colisión, por iso o importante é que o Goberno local intente lograr consensos, en lugar de fomentar os enfrontamentos", toda vez que subrayó que este clima de conflicto caracterizó la tramitación de los anteriores planes y motivó procesos judiciales que ahora tienen su resolución.
El dirigente estradense no ocultó ayer su impresión de que éste es un problema "grave" que viene a justificar la necesidad de aprobar el Plan Xeral "sen máis dilacións nin propostas de retrasar o seu trámite". Apeló entonces el alcalde a que vecinos y políticos actúen de manera responsable para contribuir a la aprobación del documento urbanístico, "sempre co respecto á legalidade vixente, porque non nos podemos permitir fracasar de novo".
Análisis en la Xunta
Por otra parte, fuentes pertenecientes a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras confirmaron ayer a esta Redacción que la administración autonómica se encuentra estudiando el contenido de la sentencia dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contenciso-Administrativo del TSXG. La consellería descarta pronunciarse hasta que haya concluido este análisis y aseguró su intención de informar en su momento sobre esta cuestión.
Las normas provisionales que actualmente rigen el urbanismo de A Estrada a la espera de la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) entraron en vigor poco después de que el Consello da Xunta acordarse, en noviembre de 2006, suspender la vigencia de las Normas Subsidiarias diseñadas en 1978 por Juan Rico Lenza. La Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e o Urbano (Aedru) –colectivo surgido al abrigo de las protestas que generó la tramitación del anterior documento urbanístico– presentó un contencioso tras observar "irregularidades" en las normas transitorias. En el momento en el que entraron en vigor estas directrices se reactivó la concesión de licencias en el municipio. Cabe recordar que ante la resolución del TSXG la Xunta de Galicia tiene todavía la posibilidad de interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
