ALFONSO LOÑO - SILLEDA
La Consellería de Medio Ambiente e Territorio destinará 391.000 euros a financiar la reparación de los daños ocasionados en la parroquia silledense de Cervaña durante construcción de la autopista AP-53. La operación fue concretada por la alcaldesa, Ofelia Rey, con el responsable de este departamento autonómico, Agustín Hernández, y se llevará a cabo mediante un documento contable de intervención, en el que se cederán al Concello estos fondos para acometer los trabajos. Por lo tanto, será la administración municipal la que adjudicará las obras, consistentes en la reposición de accesos, fuentes para el uso doméstico y el restablecimiento de manantiales inutilizados durante la construcción de la vía de alta capacidad. El paquete de intervenciones será contratado en próximas fechas por el ejecutivo local.
La mandataria convocará la próxima semana a los vecinos para explicarles el resultado de sus gestiones ante la consellería, que le servirá para conocer de primera mano las deficiencias que habían sido planteadas por los afectados durante los últimos años, sin que fuesen atendidas desde que en 2003 se inauguró la autopista. Rey aprovechará el encuentro para consultar a los residentes sobre otras necesidades para esta parroquia.
Con esta actuación, el gobierno local pretende dar cobertura a estas deficiencias, que incluso motivaron que los afectados denunciasen a la Xunta, al Concello y a la concesionaria de la autopista en 2007, por desatender la reparación de los daños en varios puntos de la parroquia. Los vecinos también paralizaron en abril del mismo año las obras de acceso desde la AP-53 a término municipal de A Estrada, alegando además que la actuación se realizaba en zonas pendientes de expropiar. Los vecinos denunciaran al Concello por no acondicionar las vías municipales, pero básicamente por no reclamar a Autopista Central de Galicia (Acega), concesionaria de la vía, la recuperación de caudales públicos que habían quedado inutilizados tras finalizar las obras.
Ya con el PSOE en la alcaldía y el gobierno bipartito en la Xunta, los residentes volvieron a reclamar las mejoras pendientes, aunque con el mismo resultado. A mediados de 2007 el gobierno local arrancó un compromiso de la Consellería de Política Territorial para mediar ante el Ministerio de Fomento y Acega, con la intención de resolver el problema. Luego la Xunta anunció que asumiría los trabajos y reveló que Acega ya no estaba obligada a realizar ningún tipo de actuación, al estar recepcionada la obra. Y en febrero de 2008 la Xunta comunicó que iniciaría los acuerdos para abonar las expropiaciones pendientes.