SALOMÉ SOUTELO - LALÍN
El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, vaticinó ayer que el parking Europa podría permanecer cerrado al público "como mínimo un ano" antes de que se obtenga su legalidad. Los cálculos del Bloque se basan en que, tras la entrega del proyecto para el derribo de la superficie sobrante a los juzgados el 28 de diciembre, éstos podrían pronunciarse en un plazo máximo de cinco meses, "co cal xa estaríamos en maio, e a isto habería que sumarlle o tempo de execución" de la demolición. Por tanto, el partido calcula que las instalaciones no volverían a funcionar hasta después del verano de 2010.
Las declaraciones de Vilariño se producen después de que el gobierno local diese a conocer su propuesta de eliminar 60 plazas de la tercera planta así como una superficie de 1.700 metros, "equivalente a tres ferrados", matizó el concejal. Para Vilariño, esta propuesta del ejecutivo es ya la tercera idea que propone desde el 6 de octubre, cuando se remitió el auto judicial en que se ordenaba el cierre del parking. "Primeiro falouse de facer as obras e dar traslado aos xulgados, despois de facer un proxecto e trasladalo tamén ás salas xudiciais, e agora plantéxase unha modificación deste proxecto" al que, de momento, no tienen acceso ni el PSOE ni el BNG, según el portavoz del Bloque.
Por ello, Vilariño también muestra su extrañeza respecto a que en el derribo se contemple la remodelación de la Praza Europa, con el recorte por la Rúa B y la ampliación por la zona del parque infantil. Contra la afirmación de Rodríguez de que así se compensarán los tres espacios actuales, Vilariño considera que "se vai estragar un dos poucos espazos públicos que hai no centro do casco urbano".
No es la única crítica a la polémica por la legalización del aparcamiento. Pese a la votación en contra del último pleno por parte del PP, Vilariño continúa pidiendo la dimisión del edil de Urbanismo, Román Rodríguez "porque nunha democracia, quen comete as ilegalidades tén que dimitir forzosamente, e estas ilegalidades causan prexuízos sociais e económicos moi importantes". Además de su gestión en este asunto, Vilariño acusa a Rodríguez de mentir a la ciudadanía, "porque a semana pasada mencionou que había unha asesoría externa, e non existe ningún informe deste tipo", mantiene.
Gastos en pleitos
Los temores del partido nacionalista se dirigen, por otra parte, al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El auto que ordenó el cierre del parking procede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra, pero el Tribunal Superior ya sentenció en 2008 el exceso de edificabilidad del parking, aunque a día de hoy todavía no remitió su conformidad con el proyecto de legalización que entonces le remitió el gobierno local. Por eso, Vilariño sospecha que ocurra lo mismo con el plan de derribo en que trabaja ahora la empresa concesionaria, ya que "o Tribunal Superior está na súa posición de non ter nin en consideración a demolición do parking". En cualquier caso, habrá que acatar una sentencia judicial cuyos costes ascienden, por de pronto, a los 300.000 euros. Tanto el Bloque como el PSOE hacen notar que a los 227.000 euros que se aprobaron en el último pleno para el derribo hay que sumar más de 45.000 ya gastados en pleitos. A la cifra hay que añadirle, además, la indemnización a Portas y Acuña, en caso de que el derribo sea total, por los casi 50 años de explotación del parking a los que tiene derecho.
Cabe recordar que el BNG va a defender en el próximo pleno y con el respaldo de los socialistas la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades.
