DANIEL FERNÁNDEZ - LALÍN
El grupo municipal del BNG de Lalín presentó ayer una moción en la que exige ante al pleno la creación de una comisión especial de investigación en el ámbito del concello para esclarecer el caso y depurar las responsabilidades derivadas de las sentencias judiciales que han calificado de ilegal el parking Europa y han ordenado su derribo, al menos, parcial.
Los nacionalistas concretaron que este grupo de trabajo debería revisar toda la documentación incluida en el expediente del aparcamiento, entre la que citan los procesos judiciales, los informes técnicos, las certificaciones, las inspecciones y mediciones en el control de ejecución de la obra, los acuerdos de la junta de gobierno local y los informes de la asesoría jurídica, entre otros.
Asimismo, la comisión completaría su trabajo con la comparecencia de todas las personas que se estimen oportunas y que estén relacionadas con las decisiones adoptadas por el ejecutivo en torno al parking. En primera instancia, el BNG cita al alcalde y concejal de Urbanismo, Xosé Crespo y Román Rodríguez, los integrantes de la junta local, el secretario del ayuntamiento, los asesores jurídico y urbanístico, los abogados, los ingenieros técnicos municipales, el arquitecto del proyecto, representantes de la empresa constructora, San José, y de la empresa concesionaria, Portas y Acuña.
Además, el Bloque también propone la composición de la comisión, que defiende que esté conformada sólo por cuatro personas por razones de operatividad. Serían el secretario del concello como fedatario público y un representante de cada grupo municipal con el voto ponderado según su presencia en el pleno de la corporación.
El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, recordó que en el último pleno pidieron la dimisión de Román Rodríguez por su implicación en el caso, pero que el alcalde trató de exonerar su responsabilidad, la del grupo de gobierno y la de él mismo “tratando de soterrar o asunto máis grave dos últimos trinta anos cunha serie de argumentacións peregrinas”. Entre ellas, citó la mala suerte, el encadenamiento fatal de sucesos y la conjunción de errores de los técnicos y hasta la “confabulación” de la justicia.
Por ello, consideró que el Bloque no puede “dar carpetazo” a este asunto simplemente porque la mayoría absoluta del gobierno local rechazó la dimisión de Rodríguez y recalcó que existe una licencia municipal concedida ilegalmente.
Mala gestión y despilfarro
Tras recordar que los gastos de este caso los asumen los ciudadanos de Lalín con 300.000 euros que podrían ser la quiebra si la demolición tuviese que ser completa, Vilariño insistió en que no se puede ocupar el poder en democracia sólo por las mayorías sin asumir las responsabilidades cuando se realiza una mala gestión o se despilfarran los fondos públicos. “A maioría non é unha patente de corso, nin aporta unha blindaxe”, clamó el nacionalista.
Además, añadió a su argumentación que en este caso se necesario delimitar las responsabilidades, esclarecer el caso, dilucidar porque no se gestionó el proceso con eficiencia y depurar responsabilidades políticas, que el BNG al menos inicialmente fija en Román Rodríguez, e incluso técnicas.
Por todo ello, Vilariño considera que existen razones sobradas para crear la comisión de investigación y que si el ejecutivo la rechaza el único resultado sería la demostración “dun goberno prepotente e ocupado en exclusiva en ocultar a verdade do que realmente aconteceu”. En concreto, cree que se debe hacer un examen retrospectivo de los hechos para elaborar un relatorio de conclusiones que derive en “unha catarse na Concellería de Urbanismo”.
