Los tres ediles del PSOE abandonaron ayer la sesión plenaria de Agolada en el primer punto del orden del día y a escasos minutos del comienzo de la misma, cuestionando la legalidad de la presencia de Antonio Candal como secretario. Los concejales socialistas apuntaron que en su documentación faltaba la autorización para que el secretario de Dozón ejerciese el mismo cargo en Agolada, por lo que la única licencia válida era la que permitía que el policía local, Ovidio Reboredo, sustituyese al funcionario titular de la plaza, Alfredo Lissarrague.
La polémica entre alcalde y ediles incluso obligó a Ramiro Varela a proponer la anulación del pleno, a lo que el secretario replicó con un contundente "tira para adiante". Al término del encuentro, José Rivas reprochaba que se les entregase toda la tramitación para cubrir la vacante de Lissarrague y que, sin embargo, se obviase un papel que, paradójicamente, estaba en el despacho del secretario.
Tras esto, los socialistas siguieron el pleno desde el espacio reservado al público, que quedó despachado en apenas 15 minutos con seis concejales del PP –faltaba la responsable de Servizos Sociais Margarita Varela– y el nuevo portavoz del BNG, Alfonso Fernández Sucasas, quien "vista a situación, tamén aprazarei as miñas preguntas", en referencia al desplante del PSOE. Sucasas prometió su cargo no sin antes recordar el considerable retraso que llevaba su ingreso en la corporación local con un sarcástico "non quedarei sen tomar posesión". La incorporación del nuevo concejal debería haberse producido ya en agosto, pero quedó aplazada hasta ayer al suspenderse el pleno estival por, precisamente, la ausencia del secretario. Los nacionalistas sospechan que, en cualquier caso, tampoco podría haberse incorporado en agosto, puesto que la credencial llegó al consistorio en septiembre debido al retraso de la tramitación desde las oficinas municipales.
Mociones
De este modo, los socialistas no retomarán hasta el pleno de diciembre sus mociones, mediante las que pretendían crear una comisión para escoger las obras del plan provincial anticrisis –que ya fueron presentadas por Ramiro Varela en la Diputación anteayer– y exigir la gratuidad de los libros de texto.
También queda en el tintero la pregunta de los socialistas sobre los criterios que siguió el gobierno local para abonar las facturas pendientes con los 300.000 euros de crédito que concedió el estado en julio. Ramiro Varela también tiene pendiente el dar a conocer los detalles del plan de saneamiento financiero.
