Descansar en paz... 73 años después

Han pasado 73 años, sin embargo, hay heridas que el tiempo no permite cerrar, como la carencia de un padre, un abuelo o un tío cuyas ideas políticas le costaron la vida. Al abrigo de los nuevos tiempos y de lo que algunos se precipitan en denominar la era de "la muerte de las ideologías", la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica realizará próximamente la búsqueda de 11 cadáveres, víctimas de la represión en 1936 y supuestamente enterrados en el cementerio de Tenorio de Cotobade. Eran once presos republicanos a los que se les aplicó la ley de fugas y que fueron asesinados en A Volta do Couto.

P.G. - PONTEVEDRA Ajenos a la memoria de la historia que, desgraciadamente, se alimenta por los cuerpos de tantos muertos, 11 fusilados republicanos yacen en una fosa común cavada en el cementerio de Tenorio (Cotobade), de donde serán exhumados durante las próximas semanas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) comenzará las labores de exhumación en cuanto el tiempo lo permita. La intención es localizar sus cadáveres, identificar los huesos de los cuerpos recuperados y entregárselos a sus familiares. Serán así rescatados del anonimato al que fueron condenados aquel 9 de noviembre de 1936.
Según la ARMH, cerca de los panteones del cementerio de Tenorio permanecen enterrados los restos de seis vecinos de Lalín y cinco de Arbo. El grupo de republicanos había estado encarcelado en la isla de San Simón, prisión que abandonan el día 8 de noviembre de 1936 con el pretexto de un traslado a la penitenciaría de Ponte Caldelas, lugar al que nunca llegaron.
"Paseo" hasta Cotobade
Tras un largo "paseo" a manos de los falangistas desde Redondela hasta Pontevedra, el grupo enfiló la carretera de Ourense hasta A Volta do Couto, en Tenorio, donde detuvieron el camión y ordenaron bajar a Luis Frade Pazos, José López Bermúdez, Ramiro Granja González, Luis Varela Sobrado, José Montouto Rodríguez, Eliseo Garra Lalín, Telmo Rodríguez Alonso, Juan Alonso Perea, José Gómez Sampayo, Antonio Picallo Buela y Alfonso Alfonso Portugués. Allí fueron asesinados de un tiro.
Las versiones recogidas durante estos años por los historiadores apuntan a que los verdugos recorrerían, puerta por puerta, la aldea de Filgueira instando a los vecinos a que les preparan un carro con paja para trasladar los cuerpos inertes. El alcalde de barrio de Tenorio se encargó de organizar el entierro que se celebraría sobre las 10 de la mañana, hora en la que llegó la comitiva al cementerio parroquial de San Pedro de Tenorio, donde se cavó la fosa común y, tras taparlos con una sábana, los enterraron en el lugar.
Gracias a estas indagaciones iniciadas por la Asociación Sociocultural Manuel Ferreiro y el historiador Manuel Igrexas –ambos de Lalín–, se entró en contacto con la ARMH para afrontar una excavación del cementerio y tratar de localizar los cuerpos, para poder realizar las comprobaciones de ADN y entregar los restos a sus familiares.
Esta es la tercera intervención de fosas que lleva a cabo la ARMH en Galicia en su intento por recuperar un total de 16 cadáveres. Las otras dos exhumaciones se realizaron en Porriño y Vilagarcía de Arousa. Cada una cuesta alrededor de 4.000 euros, con su posterior identificación.
Para establecer la identidad de los restos se recurre al estudio de los huesos que permitan determinar una edad aproximada. Además, requiere también a los familiares y amigos para que aporten datos que revelen aspectos físicos de los finados, cómo si se habían sufrido alguna fractura, cómo tenían los dientes, para recurrir en último término al análisis de ADN.
Una labor de investigación
Tras 73 años de silencio, llegar a la ubicación de la fosa común es una tarea complicada que exige a los especialistas una ardua labor de investigación. Los testimonios orales son esenciales. Sin embargo, estas historias, a veces deformadas por el tiempo, deben avalarse con algún documento oficial, como los archivos militares, sumarios de juicios y causas abiertas de la época.
En este caso, el historiador Manuel Igrexas se basó en el sumario militar del juez encargado del caso de desaparición de los 11 presos, quien solicitó una investigación sobre su paradero.
De este documento se desprende que se les aplicó a los detenidos la ley de fugas. En dicha investigación aparece, asimismo, el testimonio del alcalde de barrio de Tenorio, quien explica cómo se encargó de su enterramiento en una fosa común cerca del cementerio y que hoy se ubica en el interior de éste, cercano a los panteones.