Piden hasta 11 años de prisión para los tres principales imputados en la Operación Mami

Á. G. - SILLEDA La Fiscalía solicita a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra 11 años de prisión para cada uno de los tres principales implicados en la Operación Mami, que se desarrolló en septiembre de 2005 en los clubes de alterne Tris Tras, situado en la parroquia silledense de Chapa, y Lewinski, de la localidad coruñesa de A Baña. Arsenio J.C., Marcelino G.B. y Amandio De B. están acusados por el fiscal de ser autores de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, de tráfico ilegal de personas para su explotación sexual y de prostitución. Además, se piden tres años para dos mujeres y un hombre, también imputados en el caso, por un delito relativo a la prostitución. El fiscal demanda la disolución de las sociedades Ponte da Pedra SL y Santa Comba SL, así como la clausura por cinco años de los clubes Tris Tras y Lewinski.
Los socios propietarios del club de Chapa, y también de el de A Baña, son los que más condenas acumulan con un total de 36 años y más de 20.000 euros en multas. Así, el fiscal pide para Arsenio J.C. ocho años por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y tráfico ilegal de personas (no apreciando el propósito de su explotación sexual) y otros tres y casi 6.500 euros de multa por un delito relativo a la prostitución, y más de 2.000 euros por un delito de cohecho. De igual forma, el fiscal pide para Marcelino G.B. una pena de ocho años por un delito contra el derecho de los extranjeros y tráfico ilegal de personas (también sin apreciar propósito de su explotación sexual) y tres más por prostitución, que conlleva una multa de cerca de 6.500 euros. Por último, sobre Amandio De B. también recae una solicitud de ocho años de privación de libertad por el delito contra el derecho de extranjería y tráfico ilegal de personas (sin propósito de explotación sexual) y otros tres y 6.500 euros de multa por el de prostitución contemplado en el artículo 188,1 del Código Penal. Los tres también pueden quedar inhabilitados para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer la actividad relacionada con el gremio de la hostelería si finalmente resultan condenados por el juez instructor de la causa.
Otro de los imputados en el sumario del caso de la Operación Mami es José Luis T., para el que la Fiscalía de Pontevedra pide una pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por ser cómplice en una variante del delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros relativo al tráfico ilegal de personas para su explotación sexual. En concreto, José Luis T., Arsenio J.C., Marcelino G.B. y Amandio De B. acumulan de modo global 36 años de prisión y más de 20.000 euros en multas, según el escrito de la Fiscalía remitido a la Audiencia de Pontevedra.

El juicio, los días 22 y 23

En otro orden de cosas, el fiscal también incluye a otras cuatro personas en su solicitud, dos españoles y dos mujeres de nacionalidad extranjera. En concreto, pide tres años de prisión para José Enrique V. y más de 3.200 euros de multa por un delito relativo a la prostitución. La misma pena es solicitada para Vanesa Andrea M. y Hermita G., ambas imputadas en el delito relativo al lenocinio, que al igual que los hombres, también quedarían inhabilitadas para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por último, el documento de la Fiscalía atribuye a Mariano D. la autoría de un delito contra el artículo 246 del Código Penal especificado como cohecho. Para él, el fiscal solicita una multa de más de más de 2.100 euros. El acusado es el único de todos los imputados que el fiscal considera, junto a Arsenio J.C. autor del soborno de funcionarios durante la comisión de los delitos.
El carácter provisional de las conclusiones del fiscal y el hecho de que no se aprecian circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal son otros de los aspectos importantes de su notificación, que se pondrá sobre la mesa en el juicio, fijado para los días 22 y 23.