ALFONSO LOÑO - VILA DE CRUCES
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra ha ordenado al Concello de Vila de Cruces la demolición de un galpón levantado sin licencia en la parroquia de Añobre. El fallo se debe a una denuncia de otro vecino y a la desestimación por silencio administrativo de la administración local, por una demanda presentada en enero de 2008. En él se declara una irregularidad en la estructura levantada, “ordenándose la reposición de la legalidad mediante su demolición” e insta al ayuntamiento a incoar un expediente sancionador para la imposición de las sanciones correspondientes.
La decisión de la sala provincial todavía es recurrible durante un plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y elude una condena en costas, pero en ella se determina la ilegalidad de la estructura, en un proceso judicial que enfrenta a dos vecinos y en los que, según fuentes municipales, existen otros litigios. La demandante lamenta la pasividad de la administración local en este proceso e indica que debió actuar para impedir este irregularidad.
El portavoz del grupo de gobierno, Manuel Souto, admite conocer este proceso judicial y apunta que el concello asumirá la sentencia, en caso de que no prosperen nuevos recursos y este fallo de la sala provincial sea firme. Indica que la obra carecía de licencia municipal y que, en parte, se debió intervenir a raíz de la advertencia de la demandante. “Pode que non se acelerara o proceso, pero queriamos agardar a que houbese una sentenza firme”, subraya Souto. En todo caso, el concejal considera que la envergadura del caso no es comparable a otras supuestos casos de ilegalidades urbanísticas al tratarse “dun pequeno galpón duns 15 metros cadrados, aínda que se existe una orde de derrubo se fará efectiva”. Y anuncia que el concello no recurrirá este auto y sólo aguardará a que exista una sentencia firme.
Proceso complejo
Manuel Souto afirma que en la propiedad del demandado existía una antigua viña, donde se amplió la citada estructura metálica, en una propiedad resultante de una concentración parcelaria. La ampliación del recinto derivó en esta demanda, pero el edil señala que existen otros litigios entre las partes “por retranqueos en fincas e outros asuntos”. Pero reitera que el gobierno local optó por aguardar por una resolución judicial y no intervenir en un caso “entre veciños enfrentados por outros temas para que non se acentuasen os problemas entre as partes por un asunto case que intrascendente”, dice.