Rodríguez anuncia para el 4 de agosto el derribo de la vivienda anexa al consistorio

ALFONSO LOÑO - LALÍN El Concello de Lalín ya ha puesto fecha para la demolición de la vivienda anexa al consistorio y el próximo 4 de agosto a las 10.00 horas se acometerá el derribo del inmueble. El portavoz del grupo de gobierno, Román Rodríguez, anunció ayer que la empresa Excavaciones Santa María aceptó realizar los trabajos, que se elevan a unos 40.000 euros, con lo que se concluirá un litigio entre familiares que comenzó hace cerca de 30 años. Rodríguez recordó que se debe acatar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y lamentó que sea el concello el que deba promover el derribo pero insistió en que "estamos obrigados ao cumprimento dunha sentenza, que deriva dun conflito familiar desde hai moitos anos", señaló.
El edil indicó además que el concello ya dispone de la orden de desalojo para demoler el inmueble, por si sus propietarios decidiesen ocupar la propiedad; algo que ya sucedió hace unos dos años, y provocó que el gobierno local tuviese que suspender los trabajos. "Intentouse chegar a unha mediación entre as partes pero non foi posible. Estamos diante dun problema que leva uns 27 anos enquistado e debemos cumplir a sentenza", reiteró. Rodríguez apuntó que el día establecido para el derribo de la vivienda avisarán a las fuerzas del orden para garantizar que no se produzcan incidentes y admitió que una actuación de estas características siempre genera alarma social entre la población, pero que el ejecutivo no puede hacer caso omiso al requerimiento judicial. En este sentido, cabe recordar que el propio concejal anunció el 26 de junio que el TSXG otorgaba un plazo de un mes al gobierno lalinense para demoler la vivienda, cuya demolición se había aplazado anteriormente por la renuncia de la empresa que había concurrido inicialmente a la licitación de los trabajos. Ahora, el ejecutivo decidió proponer una nueva adjudicación de las tareas de derribo, con lo que se pone fin a este largo un litigio entre familiares.
Proceso
El gobierno intentó sin éxito el derribo del inmueble hace ahora dos años al no disponer de la orden de desalojo. La empresa que debía realizar la demolición ni siquiera montó entonces su maquinaria en la era anexa, debido a que parte de la familia de los propietarios se encontraba en el interior de su residencia. Pero ya en el año 2000, una sentencia del alto tribunal autonómico ordenaba la demolición de la vivienda, propiedad de José María Barcala, construida sin licencia en torno a 1980. Sus dueños habían planteado ceder parte del terreno para legalizar su casa, pero esta propuesta no llegó a concretarse.