El año pasado Agolada aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 225.000 euros procedentes de facturas contraídas en 2007 y aún sin pagar. “É posible que as débedas a proveedores do 2008 teñan unha cuantía similar”, manifestaba ayer el edil socialista José Rivas, quien recuerda que Agolada firmó un crédito de 20.000 euros, amortizable en 15 años, para seguir con las obras del auditorio, aún en ciernes.

Su grupo presentará en el pleno del próximo martes una batería de preguntas en las que incidirán en los gastos desmesurados, o al menos incontrolados, del gobierno municipal. El PSOE pedirá la justificación del consumo de gasóleo “pois hai un libro de rexistro no que se apunta a matrícula do vehículo e cántos litros reposta, pero non aparecen os quilómetros que tén feito ese vehículo”, por lo que se sospecha que algunos autos como la furgoneta C-15 podrían estar siendo usados para uso particular, “xa que ésta reposta 43 litros cada dous días”, explica Rivas.

En idéntica situación se halla el vehículo de Protección Civil, que sigue pasando la factura del combustible al concello a pesar de que no existe un convenio que lo permita, al igual que tampoco podía remitir sus facturas de teléfono, una cuestión que ya quedó solventada en julio. En este caso, se calcula que los gastos del coche podrían tener una media mensual de 130 euros.

Así las cosas, los socialistas recriminan al concello que no tenga liquidez para abonar el transporte escolar a dos estudiantes de Bachillerato de San Paio y que deben pagar 100 euros al mes por el viaje en taxi hasta Agolada. “Estas axudas perdéronse o curso pasada e levan trazas de que tampouco se van aplicar neste”, augura Rivas, que recuerda que el gobierno local tampoco resolvió cómo devolver a los vecinos el dinero que abonaron al ORAL por la tasa de agua de 2005, “que en lugar de seguir as tarifas de 2004, aplicou uns novos prezos”. El propio ORAL reconoció el error y solicitó al secretario un informe para solucionar esta polémica.

Además de estas cuestiones, los socialistas también requerirán conocer qué tipo de contrato tiene la nueva trabajadora social -el alcalde prometió en febrero que lo explicaría tras las elecciones-, así como el personal subvencionado por la Xunta y la Diputación.