La gélida noche del viernes en Forcarei se vio caldeada por el bronco debate en el que, durante más de dos horas, los vecinos asistentes a la concentración convocada por Unións Agrarias (UU AA) y los representantes de esta entidad sindical exigieron al alcalde David Raposeiras una bonificación superior a la del 50% del importe del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ya se había aprobado en pleno. El regidor local -que había iniciado su intervención en el salón de actos del concello subrayando que "ésta é a casa de tódolos veciños e está aberta", indicando a sus conciudadanos que "para vir falar comigo non necesitades ningún interlocutor", mostrándose dispuesto a "que me preguntedes" pero espetando al líder comarcal de Unións, Román Santalla, que "comigo vostede non ten nada que falar"- acababa admitiendo al sindicato como interlocutor válido en la negociación del nuevo porcentaje de bonificación del 60% que se aplicará a los recibos en 2009.

El acuerdo era adoptado a las 21.40 horas por los representantes de PP y PSOE así como de Unións en la Alcaldía tras una reunión en la que los vecinos pusieron de manifiesto los apuros económicos que la subida del IBI puede obligar a pasar a los forcaricenses con menores ingresos, fundamentalmente a los jubilados que trabajaron toda su vida para tener unos bienes inmuebles que ahora ven sobrevalorados y cuyos tributos afrontan obligados a pagar pese a sus escasos ingresos En el debate, Santalla hizo notar que la concentración vecinal canalizaba el "disgusto clarísimo" de los vecinos con "uns impostos que poden ser legais" pero que son "inxustos". "Vimos demandar unha negociación", resaltó, antes de considerar que Raposeiras no podía fijar "os impostos vostede só" y, en nombre de los vecinos, reclamar un "marxe" para salvar lo mejor posible el ejercicio 2009 a la espera de alcanzar el año próximo un acuerdo de bonificación para los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Los ediles del PSOE se encontraban entre los vecinos. Previamente, la líder socialista, Ana Doval, había expresado su deseo de que el alcalde escuchase a los afectados y atendiese "a razóns" -aviniéndose a "negociar una bonificación con nós e cos sectores afectados para 2010-2017"- a fin de dar respuesta a un "malestar social clamoroso" y a un "descontento xeralizado" de los propietarios de bienes inmuebles sitos en el municipio forcaricense que, más allá de afrontar el pago de unos impuestos que creen excesivos, temen que la valoración excesiva de sus bienes pueda perjudicarles, por ejemplo, a la hora de obtener becas de estudios para sus hijos. "É un problema social, non un enfrontamento político", afirmaba Doval, concluyendo que en estas circunstancias "os políticos teñen que colocarse do lado da cidadanía e non da recadación".

En el debate, Raposeiras advirtió la presencia de "desinformación" en los vecinos concentrados. Ellos le respondieron quejándose de que él como alcalde no hubiese puesto remedio a eso yendo a su encuentro para explicarles lo que la mayoría de ellos no lograban entender, tal vez por falta de conocimientos. El regidor local respondía a esta acusación defendiendo que él mismo había acudido a Pardesoa, Presqueiras, Meavía, Quintillán y Soutelo y que miembros de su grupo municipal -del PP- habían ido a Millerada y a Trasdomonte para explicar de primera mano a los vecinos lo que ocurría y dar cuenta de la bonificación del 50% que tenían previsto aplicar el año próximo en el recibo del IBI.

Sin embargo, hubo lugareños que achacaron la subida del IBI al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y culparon al concello del que David Raposeiras es el máximo responsable de haber aprobado una nueva ponencia de valores que les perjudica. El alcalde negó tales afirmaciones. Subrayó que el PXOM fue elaborado por técnicos y se aprobó en 2002. Se preguntó por qué hasta ahora no hubo problemas por su causa e indicó que les permitirá construir -como pedían antes- en fincas de las parroquias a pesar de que la Lei do Solo de Galicia apenas deja margen a la construcción en el rural, más allá de las ligadas a explotaciones agrarias. En cuanto a la nueva ponencia de valores, afirmó que lo que hizo el concello -por unanimidad de todos los grupos políticos- fue emitir un informe favorable no vinculante a los baremos de aplicación para la nueva ponencia y no a las valoraciones catastrales fruto de la aplicación de tales baremos o a los recibos, que Catastro sólo le facilita a los interesados. También hizo notar que la nueva ponencia reducía el valor medio de las unidades catastrales forcaricenses, que pasó de 15.500 a 12.555, según se publicó en los boletines oficiales. No obstante, admitió que hay casos de sobrevaloración como los denunciados por los vecinos, según intuye porque los coeficientes no están bien aplicados debido a que no se realizó bien el trabajo de campo de la ponencia -que depende de Catastro, del Ministerio de Economía- y lo que hicieron, a "grosso modo", fue volcar los datos del Catastro de rústica para el urbano. "Por iso hai tantos erros na propiedade que tedes a oportunidade de corri

Cruce de acusaciones

Cuando Santalla le hizo notar que había tiempo para "rectificar" respecto al porcentaje de bonificación -porque "rectificar é de sabios e a vostede considerámolo unha persoa inteligente"- convocando un pleno extraordinario, Raposeiras le respondió que "o pleno extraordinario convócoo cando me da a gana" porque es algo que le compete como regidor local, afirmación que motivó los abucheos de los asistentes. Estos también se tomaron especialmente mal que Raposeiras afirmase ignorar cuánto cobra del concello porque, afortunadamente, admitió no pasa apuros económicos. Por su parte, la teniente de alcalde Belén Cachafeiro -que ya había esgrimido con anterioridad el acta del acuerdo plenario unánime de aprobación de la ponencia de valores- reprochó a Unións que en la anterior etapa del conflicto del IBI "todos" los recursos tramitados por el sindicato "viñeron denegados". "Ides facer o mesmo: enganar á xente", concluyó.