Tres afectados por el plan de Lalín de Arriba recurren las cuotas y acudirán a la justicia

Estos vecinos deben abonar 100.000 euros en cada uno de los tres pagos

 

DANIEL FERNÁNDEZ - LALÍN Tres afectados por el plan de Lalín de Arriba han impugnado la liquidación de las cuotas de urbanización a través de la justicia, ya que el concello ya ha recibido un requerimiento del juzgado en ese sentido. Por ello, el concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, anunció ayer que van a emprender un recurso contencioso contra el ayuntamiento al estar en desacuerdo con las tasas que tienen que pagar. Cabe señalar que, entre los tres, deben afrontar 100.000 euros en cada uno de los tres plazos, una cantidad importante ya que en cada tanda se liquidan 770.000.
Ante esta denuncia, Rodríguez cree que se trata exclusivamente de "unha estratexia para gañar tempo" y se mostró convencido de que "terá pouco éxito" y al final tendrá que abonar las cuotas, el recargo y los intereses legales del dinero.
Por lo demás, el edil hizo un repaso a la situación del pago de las cuotas, que fue muy polémica en sus inicios, ya que algunos afectados se querían declarar en suspensión de pagos al no tener liquidez. Hasta la fecha, las arcas municipales han ingresado 552.389 euros de los 770.000 del primero plazo, lo que supone el 71% del total. Además, han cumplido con sus obligaciones 82 de los 107 propietarios afectados por el proyecto.
Respecto a los 25 que han obviado el ingreso, Rodríguez indicó que se ha dado orden al ORAl para que proceda a conseguir el dinero por la vía ejecutiva salvo en tres casos en los que el concello negoció individualmente para darles una mayor flexibilidad de tiempo al detectar problemas de liquidez.
De los 25 casos, y con independencia de los que van a recurrir a la justicia, el concejal lalinense señaló que hay propietarios ilocalizables por encontrarse en Canarias o Sudamérica y que por ello será el concello quien se haga cargo por el momento de sus parcelas y también hay otros que denominó "curiosos" al no haber pagado las cuotas pese a tratarse de cantidades pequeñas. Así, se han detectado deudas por valor de 400, 800 ó 1.000 euros y se sospecha que se trata de fincas compartidas por varios herederos que no se ponen de acuerdo.
Ante este porcentaje de impagos, menor del que se esperaba por la contestación social inicial, el concejal de Urbanismo reveló que no han vuelto a mantener ningún contacto con la asociación de afectados, ya que no se ha dirigido al concello pese a su interés en una moratoria general. Eso sí, Rodríguez insistió en que, tal y como se garantizó, se procedió a negociar aplazamientos de modo particular con aquellas familias que tenían más dificultades para el pago y se alcanzaron tres acuerdos.
Finalmente, el concello tiene previsto abrir el próximo día 23 el plazo para ingresar la segunda cuota, que globalmente vuelve a afectar a los 107 propietarios y asciende a 770.000 euros. En principio, todos disponen de un plazo de un mes y un día.

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