Las 5 trabajadoras del servicio de limpieza de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) secundan la huelga del sector de la limpieza convocada en la provincia de Pontevedra y ayer sumaban ya diez días de paro para reclamar mejoras salariales, respondiendo así a la convocatoria de huelga indefinida que dio comienzo el pasado lunes, 17 de noviembre.

Fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), a la que están afiliadas varias de las limpiadoras de la Agasp, trasladaron ayer a esta Redacción que la intención de las trabajadoras es mantenerse en huelga hasta que haya acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los de la patronal. Las mismas fuentes subrayaron que la huelga se inició después de que la patronal se negase a cumplir el acuerdo al que se llegó en verano tras una negociación entre sindicatos y empresas.

De 730 a 1.000 euros

Y es que, según la CIG, en ese acuerdo se pactaba que el salario base subiese desde los 730 euros actuales hasta los 1.000 euros en 3 años. Para el primero se proyectó una subida lineal de 40 euros mensuales; para el siguiente, un incremento de 50 euros; y para el tercero otra cantidad. Sin embargo, la interpretación de estas cantidades difiere notablemente entre patronal y sindicatos. Éstos entendían que era una subida lineal de esas cantidades sobre el sueldo actual el primer año y sobre el resultante de sumar ya el incremento de este año para el siguiente y así sucesivamente. En cambio, la patronal entendía que el segundo año sólo tendría que subir 10 euros, la diferencia entre los 40 de este año y los 50 de subida fijados para el año siguiente;.Estas discrepancias llevaron a los trabajadores a solicitar un laudo ante la Consellería de Traballo, favorable a los sindicatos. La patronal lo recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que no se juzga competente para pronunciarse sobre este asunto por lo que el acuerdo quedó en suspenso. Ayer, la Consellería de Presidencia fijó a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) en el 50% del personal los servicios mínimos para los centros educativos, socioasistenciales y de transporte y justicia.