El concejal de Urbanismo de Lalín, Román Rodríguez, salió ayer al paso de las acusaciones del nacionalista Francisco Vilariño en las que aseguraba que el concello estaba torpedeando el proyecto de 380 pisos de la Consellería de Vivenda para favorecer intereses de empresas y particulares por encima de los vecinales.

Rodríguez indicó que el PP lalinense mantiene una política en la que hace partícipes a los ciudadanos del urbanismo y puso como ejemplo el centenar de familias que toma parte del SUE-3. En contraposición, el concejal indicó que el BNG, por medio de la Consellería de Vivenda, va a apostar por expropiar a unas 60 familias en los terrenos situados entre el Lalín Arena y el castro de Donramiro para vendérselos a constructoras y que éstas edifiquen los pisos.

Así, tras dudar sobre quién tiene más interés en el sector privado, Rodríguez acusó al nacionalista de inventarse la negativa del concello a este proyecto y recordó que el gobierno lalinense lo único que exige es "sentidiño" para la actuación se haga de manera coordinada con lo existente, como el plan de Lalín de Arriba, y con lo que está en marcha, como el SUE-3. El edil indicó que es importante que no se superpongan los plazos de esta iniciativa con los existentes en proyectos municipales y vecinales, pero dejó claro que esta postura dista de ser un "boicot" a la propuesta de Vivenda. De hecho, indicó que todas las peticiones cursadas en este sentido a la consellería fueron atendidas.

En segunda instancia, el portavoz municipal se mostró muy crítico con Vilariño y señaló que sus acusaciones "dan vergoña allea", algo que achacó a que "está instalado na política do todo vale". "Que non invente polémicas porque xa se sabe que só busca o sensacionalismo e vender o que sexa aínda que sexa sen fundamento", señaló, antes de revelar que Vilariño tiene "un afán desmedido" de que el concello "pase polo aro" en cualquier gestión con las consellerías regidas por el BNG.

Por último, atacó a Vivenda, de la que dijo que tiene un pobre balance en cuatro años al contar sólo con 15 pisos sociales en un solar cedido por el concello y adjudicados por la Xunta del PP.