La inminente desaparición de la tarifa nocturna, a partir del 1 de julio, ha motivado las reacciones de sus usuarios en la capital dezana. De hecho, la Plataforma de Afectados pola Supresión da Tarifa Nocturna celebró ayer en el Auditorio de Lalín una charla informativa -la penúltima de un ciclo que se inició en febrero- en la que informó de las alternativas como el sistema de discriminación horaria, "que será máis caro, xa que non se adaptan aos horarios de moita xente", según señala la presidenta del colectivo, Belén Rodríguez.
La representante, que impartió la charla en compañía del técnico Manuel Prol, anuncia que la Plataforma será recibida en breve por el Ministerio de Industria, y critica que desde el gobierno se conceda una moratoria de seis meses a las empresas para retirar su red. Además, este colectivo organiza una manifestación en la Avenida Montero Ríos, de Pontevedra, programada para el 27.
Por su parte, el BNG de Lalín defenderá en el próximo pleno una moción sobre la tarifa eléctrica social, en la que propondrá a la corporación que inste al estado a introducir en el nuevo reglamento eléctrico medidas que favorezcan al sector ganadero. Y es que con la supresión de la tarifa nocturna y la puesta en marcha de la discriminación horaria, se penalizará un 32% más el consumo en horas punta y se rebaja en un 8% el precio del consumo entre las 8.00 y las 14.00 horas.
Penalización
Además, con el precio progresivo de la electricidad -a mayor gasto, mayor coste-, el BNG entiende que las explotaciones ganaderas sufrirán dicha penalización, "xa que a mesma tarifa e o contador das explotacións teñen un uso tanto persoal como industrial". Por ello, desde el partido frentista se proponen medidas como la gratuidad en el cambio de limitadores y la puesta en marcha de subvenciones para los que deseen adscribirse a la mencionada tarifa de discriminación horaria.
El Bloque considera "factible" la continuidad de la actual tarifa nocturna si se incluye entre las denominadas "tasas de último recurso", en las que el gobierno estatal fija unos precios máximos con el fin de que puedan cobrar las firmas que suministran la baja tensión.
