El conflicto urbanístico generado por la promoción inmobiliaria de Travesa do Campo tiene un futuro incierto y su resolución se antoja demasiado complicada, debido a la judicialización del proceso y a las nulas cesiones que están dispuestas a hacer las partes implicadas. Mientras el Concello de Silleda y dos afectados pretenden echar abajo el proyecto de Nova Carballeira, la empresa es consciente de que le resultará muy difícil llevar a cabo un proyecto para el que disponían de licencia municipal, pero que la propia administración local y dos particulares han decidido paralizar.

Hasta el momento, la justicia ha dado la razón al ejecutivo de Paula Fernández Pena. No obstante, la promotora se muestra cauta sobre esta resolución inicial y admite que "es lógico que se falle a favor del ayuntamiento, una vez que se ha personado en la causa. Si la propia administración dice que esto se ha hecho mal, parece evidente que la justicia no va a llevar la contraria", afirman fuentes de Nova Carballeira.

La sociedad quizá entienda que reiniciar la promoción con un nuevo estudio de detalle, cuando contaban con uno aprobado, no sea la operación más rentable, después de la inversión previa. Mientras, la alcaldesa admitió en un pleno que podría existir un plan alternativo para esta zona y evitó dar detalles. Quizá el gobierno esté actuando como mediador entre las partes para buscar una salida negociada al entuerto, pero no lo tiene fácil. Tendría que haber una sociedad interesada en comprar el terreno a Nova Carballeira por un precio que ésta no está dispuesta a asumir. La nueva iniciativa empresarial debería contemplar la presentación de un nuevo estudio de detalle, con lo que el proceso, como advirtió la alcaldesa, "tería que partir de cero". Pena reiteró que "a legalidade urbanística nunca é negociable".

Viéitez duda

El portavoz del PP, José Fernández Viéitez, afirma que autorizó la obra "ao non haber informes desfavorables, só pequenos erros correxibles". Dice que el conflicto no tiene fácil resolución porque "se se invade a propiedade da denunciante volvería a demandar, e se varía a rúa, quedaría menos volume de edificación na zona", apunta.