Los sindicatos de Proinsa ampliarán la demanda a diez firmas de Méndez

11.06.2008 | 00:00
 Los trabajadores de Proinsa siguieron ayer con los juicios sociales en Pontevedra. Los trabajadores de Proinsa siguieron ayer con los juicios sociales en Pontevedra.

UGT y CC OO quieren evitar dificultades en el futuro con el Fondo de Garantía Salarial

Los sindicatos UGT y Comisións Obreiras acordaron ayer ampliar las demandas sociales por los despidos de los trabajadores de Proinsa a una decena de sociedades en las que el máximo responsable de la constructora, Álvaro Méndez, figura como administrador o como apoderado. Según explicaron ayer fuentes sindicales, el motivo de la ampliación de la demanda es evitar futuros problemas que puedan aparecer con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a la hora de asumir parte de las indemnizaciones de los 240 operarios despedidos en marzo.
Las centrales sindicales indicaron que Álvaro Méndez aparece como administrador solidario en Socexport del Noroeste, Gesai Noroeste y Grupo Obrainco; y como administrador único en Obrainco Promociones e Inversiones Inmobiliarias, Obyser Gestión, Proinsa International Trade, Grupo Proinsa AMG, Professional Interservices e Inyeuropa, donde también figura como administrador mancomunado. Asimismo, aparece como apoderado en FCC Construcción desde octubre de 2006, justo tres meses después de que esta constructora y Proinsa comenzaran bajo el formato de Unión Temporal de Empresas (UTE) la edificación de la nueva casa consistorial de Lalín.
Fuentes sindicales indicaron que la ampliación de la demanda empresarial a todas las sociedades en las que participa Méndez conferirán una mayor seguridad jurídica al cobro de las indemnizaciones por medio de los mecanismos que prevé la legislación. Tanto UGT como Comisións sellaron ayer un acuerdo para que se investiguen todas estas empresas y abrieron la posibilidad de que la CIG, si carece de esta información e intenciones, se sume a la iniciativa.
Más juicios sociales
Por otra parte, ayer se celebraron nuevas vistas orales por los despidos de Proinsa en el Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra. En este caso, se trataba de un paquete de cuatro afiliados de UGT, un sindicato que, al igual que la CIG, solicita la declaración de despidos improcedentes, con lo que los trabajadores tendrían derecho a una indemnización de 45 días por año trabajo. Cabe recordar que en este punto Comisións diverge de las otras dos centrales, ya que reclama que los despidos sean nulos.
En principio, la resolución se encuentra abierta, ya que fuentes judiciales consultadas por los sindicatos apuntaron que los despidos podrían ser nulos, lo que desembocaría en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero otros juristas apuntan a que los despidos serán improcedentes, tal y como ya sucedió en un caso en Madrid.
El juicio de ayer quedó visto para sentencia, aunque UGT informó que el jueves pasarán por los juzgados otros 8 despedidos.

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