La empresa Nova Carballeira 2002 S.L., ha presentado una denuncia penal contra la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público y los que se deriven de la instrucción de las diligencias, "por el comportamiento de la alcaldesa, que procedió a paralizar nada más acceder a la alcaldía en el año 2007, sin sustento legal alguno, las obras iniciadas por esta empresa en la calle Do Campo de Silleda, generando a la empresa incalculables perjuicios económicos", constata la demanda.
La denuncia, está justificada según la firma promotora, porque la paralización de las obras en sus edificios había sido adoptada personalmente por la mandataria cuando, a su juicio, "el órgano competente era la junta de gobierno local y sin que hubiese la correspondiente avocación de competencias, algo que le hubiese dado a Nova Carballeira la oportunidad de recursarla por tener interés personal en el asunto", advierte. En este sentido, los demandantes afirman que Pena "había actuado como perito, emitiendo un informe por encargo de la vecina Sira Montao, quien se había interesado en el concello, precisamente, por la suspensión del estudio de detalles en el que se basaba el proyecto", manifiestan. La sociedad sostiene además, que sus obras estaban amparadas por una licencia municipal de obra y se basaban en un proyecto y estudio de detalle debidamente aprobados por el concello. Sobre este asunto, sostiene que solamente "cabría su su paralización si se hubiera iniciado previamente un procedimiento de revisión de oficio de las resoluciones de los mismos", algo que entiende no se hizo en ese momento, sino "tiempo después de la paralización ilegal", sostiene la empresa.
Agravios
La firma incide en que, pese al que el concello requiriese el 16 de noviembre de 2007, al Consello Consultivo su pronunciamiento sobre el caso, "su informe vinculante dictamina la improcedencia de la revisión de oficio de dichas resoluciones" y recuerda que el citado órgano se pronunció el 31 de enero pasado. No obstante, la empresa revela que sólo le fue entregado el 14 de marzo, una vez que "la empresa se enteró por la prensa de su existencia y fue a solicitar una copia al ayuntamiento", dice. Por lo tanto, acusa a Pena de ocultarles este informe durante el plazo de un mes y medio. "A pesar deque se declara improcedente la revisión de oficio, lo que ratifica la ilegalidad de la paralización, la alcaldesa manifiesta que no piensa levantarla hasta que el juzgado de lo contencioso resuelva los recursos de los particulares, pese a que el juzgado no acordó la suspensión de la ejecutividad del auto recurrido", alega.
La firma le reprocha a la mandataria su "inactividad" con respecto a obras "ilegales" que hay en Silleda y que "han sido reiteradamente denunciadas ante la alcaldía, sin que la alcaldesa haya dictado orden alguna de paralización", dice, además de recordar que Pena admitió que fue directora de varias de ellas, "pero antes de ser alcaldesa", concluye.
