Vecinos afectados por la discoteca Planet de Lalín solicitaron ayer de manera pública al concello que elabore un mapa de ruidos del término municipal y también una nueva ordenanza ambiental que recoja estos aspectos para defender el derecho al descanso. Esta petición surge como consecuencia de la reciente intención del gobierno local de declarar la calle B como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Los afectados indicaron que el mapa local de ruidos es un elemento imprescindible y señalaron que puede ser realizado por la empresa Virocem, con la que ya trabaja el concello, o con otra, pero en todo caso señalaron que la declaración de ZAS tiene que incluir este estudio y una ordenanza, ya que si no carecería de contenido dicha categoría.

Al respecto, lamentaron que en Lalín se siga trabajando con una normativa desfasada del año 1994 y pidieron que se renueve rápidamente. Eso sí, apuntaron que el BNG ya solicitó esta nueva ordenanza en el año 2000.

Por medio de su portavoz, Rafael Iglesias, recordaron que no es necesario declarar como ZAS a toda la calle B, ya que los problemas se localizan entre los cruces con Pintor Laxeiro y Calzada. Eso sí, creen que esta categoría a lo mejor también tendría que aplicarse a otras zonas del concello. Ellos sufren los problemas de ruidos en las noches de viernes y sábados, pero problemáticas similares o distintas se producen en más puntos otros días de la semana.

Respecto a la propuesta municipal para la calle B, Iglesias indicó que no sería novedoso, ya que se han realizado medidas como ésta en otros concellos y puso como ejemplo el caso de A Estrada, donde el gobierno municipal, sin llegar a catalogar como ZAS, está aumentando la vigilancia entre los locales de la movida nocturna para garantizar el descanso de los vecinos.

Finalmente, se refirió a la sentencia en la que se da la razón al concello lalinense por cerrar durante diez días la discoteca el pasado verano tras detectarse irregularidades en el limitador sonoro. El portavoz de los vecinos acusó al edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Román Rodríguez, de "ter papo" por presumir del fallo judicial y le emitió varios reproches por su actuación respecto a la discoteca. Así, indicó que el ejecutivo subió, sin mediar solicitud, el límite máximo de 80 a 100 decibelios y nunca efectuó ninguna actuación de oficio contra las irregularidades de la discoteca, tanto en el plano urbanístico como el ambiental, en referencia a los ruidos. Así, tras reiterar que todas las actuaciones partieron de las quejas y de la presión constante de los afectados, Iglesias recordó que no se produjeron sanciones entre 2002 y 2006 pese a sus denuncias y que retrasaron el cierre de diez días de la discoteca durante un año para dejar pasar la campaña electoral de las municipales de mayo de 2007.