El Juzgado número 4 de Cambados ordena la apertura de diligencias previas para investigar si el alcalde de Cambados, Luis Aragunde cometió malversación de fondos públicos al asfaltar la calle Atlántico. La causa se inició a finales del mes de marzo a raíz de una denuncia que interpuso en el juzgado la portavoz del PSOE, Fátima Abal, y en la que acusaba directamente a Aragunde, que aspira el día 24 a la reelección como alcalde.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados, María Dolores Rodríguez Leirós dictó el 29 de abril pasado un auto al que ha tenido acceso este periódico, y en el que ordena la apertura de diligencias previas puesto que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación".
La juez, asimismo, ha ordenado que se libren oficios al Concello de Cambados y a la Diputación de Pontevedra para que ambas administraciones remitan la documentación relacionada con esta obra y la tramitación administrativa de la Unidad de Gestión sobre la que después se levantaron los edificios. Fátima Abal argumenta su denuncia a Aragunde en que según ella el asfaltado tendría que haberlo costeado el promotor de la urbanización de viviendas que se construyó en esa zona, y que por lo tanto el alcalde incurrió en un delito al ordenar que se ejecutase la obra con dinero público.
La líder socialista apela a la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 2002 en lo que se refiere a los suelos urbanos no consolidados y a lo establecido para las urbanizaciones que se ejecutan por el sistema de compensación.
La calle Atlántico comunica la zona deportiva de O Pombal con la avenida de A Coruña y A Mercede. Durante años el vial estuvo en tierra, lleno de baches, para desesperación de los residentes en los edificios colindantes y malestar de los vecinos, que veían desaprovechado un lugar magnífico para aparcar e incluso descongestionar el tráfico entre Fefiñáns y el centro y O Pombal. El verano pasado el Ayuntamiento y la Diputación hicieron las ansiadas obras.
El ente provincial invirtió 100.000 euros, en un proyecto que continuó posteriormente con la instalación de alumbrado público y la construcción de una acera por uno de los lados del vial. La obra incluyó la apertura de otra calle, la Juan Pablo II.
Abal apuntó en su denuncia que el Concello debió exigir que la urbanización la costease el promotor de los edificios y que asfaltase las calles al mismo tiempo que levantaba los inmuebles. En el escrito presentado en el juzgado planteaba igualmente que el alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación al conceder el Concello licencia de primera ocupación. Pero la juez no se pronuncia sobre esta última acusación.
