Prevaricación, expropiación ilegal e infidelidad en la custodia de documentos son los delitos a los que deberá responder el gobierno vilagarciano y sus antecesores en el cargo si prospera la querella presentada ayer en el Juzgado de Vilagarcía por la comunidad de propietarios del edificio Almirante Fontán, ubicado junto a Conservas Peña, en la parroquia de Vilaxoán.
Les acusan de haber dado sendas licencias para obrar en una parcela cuyo único acceso a la vía pública se realiza a través de un vial cuya propiedad reclaman los denunciantes. La primera licencia fue otorgada en 2006 por el gobierno entonces liderado por Javier Gago y estando ese edificio prácticamente concluido, el actual gobierno dio una segunda licencia hace apenas unas semanas.
El eje del conflicto radica, sin duda, en la titularidad del vial. Para acreditarla, los vecinos esgrimen copia del certificado emitido por el Registro de la Propiedad. El concello enarbola la inclusión del vial en el inventario de bienes municipales y en el PXOM.
El abogado de los denunciantes no oculta su perplejidad por la inclusión en el inventario pues sus defendidos aparecen como propietarios en el Registro y el vial ni fue cedido ni fue expropiado. El inventario municipal no es sino un listado de las propiedades del concello que en ningún caso, recuerdan los denunciantes, revierte la titularidad que recoge el registro: "Ellos podrían incluir la Giralda en el inventario si quisiesen pero eso no les convierte en titulares", razonan.
La denuncia subraya que Ravella tampoco se convierte en propietaria por el hecho de que una parcela se vea afectada por un vial en el PXOM: "Que figure en el planeamiento de Vilagarcía el trazado de una calle que afecta a la propiedad de los vecinos, no determina la pérdida del derecho de propiedad. Si el concello quiere hacer efectivo dicho planeamiento deberá necesariamente adquirir la propiedad por compra, expropiación o convenio con sus legítimos dueños", señala el abogado, que recuerda que "el derecho de propiedad subyace sobre el suelo sujeto de planificación".
Objeto denuncia
Partiendo por tanto de esa titularidad, los vecinos de Almirante Fontán consideran que existe un delito de prevaricación en la aprobación de las licencias. La primera permitió la construcción de un edificio de 31 viviendas en una parcela que carece de frente a vía pública y de acceso rodado. Alegan además que no se impuso a la promotora el deber de urbanizar y dar cumplimiento a las previsiones del PXOM. Y es que, el planeamiento exigía la apertura de una carretera de 10 metros y no hay ese espacio entre la propiedad de los denunciantes y el nuevo edificio. Según acta notarial levantada el pasado mes de marzo, entre ambos hay un vial de 4,4 metros, una acera de 1,44 y un seto propiedad de los vecinos de 1,20. Por tanto, ni contando el vial que Ravella considera suyo habría los 10 metros exigibles.
Los denunciantes entienden además que, como el gobierno dio licencia alegando que la administración municipal era la propietaria del vial, existe un presunto delito de expropiación ilegal de parte de la propiedad de la comunidad de vecinos pues el Registro dice claramente que dicha propiedad linda al oeste con la parcela del nuevo bloque de viviendas y por tanto, confirma su derecho sobre el vial.
