La Guardia Civil se incautó el día 20 de una partida de 200 litros de aguardiente y otros 800 de vino de fabricación artesanal, que estarían comercializándose "de forma presuntamente fraudulenta en Ribadumia, sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales", según un comunicado difundido ayer por la Comandancia de Pontevedra de la Guardia Civil. El operativo lo llevó a cabo la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa.

Según dicho comunicado, la incautación fue la consecuencia "de una inspección rutinaria" que realizaron en un bar del municipio, "con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de la mercancía que estaba dispuesta para la venta".

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil localizó en el almacén del establecimiento un total de 6 garrafones de una capacidad de 16 litros cada uno, todos ellos de aguardiente "blanca" y "tostada", dos envases de acero inoxidable de una capacidad de 30 y 50 litros, que también contenían aguardiente blanca, además de 800 litros de vino en distintos envases y botellas, siempre según el atestado policial. Entre ese vino, había tanto tinto tipo Barrantes como albariño.

"Según se pudo comprobar, todos los envases carecían de las preceptivas etiquetas y marcas fiscales que pudiesen determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente", añade la Guardia Civil.

En consecuencia, la Patrulla Fiscal y de Fronteras procedió a la inmovilización cautelar de los envases y, al mismo tiempo, denunciaron el responsable del bar por sendas infracciones administrativas: una de ellas, a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer presuntamente de las precintos fiscales.

Y la otra supuesta infracción es a la Ley 2/2012, de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta de Galicia. "En este último caso, la denuncia tiene su origen en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución", concluye el Instituto Armado. El tinto Barrantes carece de un marco legal para su venta.