La Guardia Civil se incautó en los últimos días de una partida de 200 litros de aguardiente y 800 de vino de fabricación artesanal, que se estaba comercializando de forma presuntamente fraudulenta en Ribadumia, sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales.

Así lo explica la Comandancia de Pontevedra a través de un comunicado difundido a primera hora de esta tarde, en el que se indica que la actuación fue llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa.

Según dicho comunicado, la incautación fue la consecuencia de una inspección rutinaria que realizaron en un bar en el municipio de Ribadumia, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal de la mercancía que estaba dispuesta para la venta.

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil localizó en el almacén del establecimiento un total de 6 garrafones de una capacidad de 16 litros cada uno, todos ellos de aguardiente "blanca" y "tostada", dos envases de acero inoxidable de una capacidad de 30 y 50 litros, que también contenían aguardiente blanca, además de 800 litros de vino en distintos envases y botellas, siempre según el atestado policial.

"Según se pudo comprobar, todos los envases carecían de las preceptivas etiquetas y marcas fiscales que pudiesen determinar su trazabilidad, según dispone la legislación vigente", añade la Guardia Civil.

En consecuencia, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía procedió a la inmovilización cautelar de los envases y, al mismo tiempo, denunciaron el responsable del bar por sendas infracciones administrativas: una de ellas, a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer de las precintos fiscales, y la otra a la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta de Galicia. "En este último caso, la denuncia tiene su origen en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública, dado que al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución", concluye el Instituto Armado.