A mediados de 2017, FARO DE VIGO publicaba en su edición de Arousa un artículo titulado "Un arousano en riesgo de exclusión social tarda tres meses en cobrar la Risga". A raíz de esa información, la Valedora do Pobo inició una investigación de oficio para comprobar los hechos, al considerar que dicho periodo puede ser excesivo en el caso de personas o familias que están en graves situaciones de desamparo económico.
La Valedora, Milagros Otero, acaba de presentar su informe de 2017 al Parlamento gallego, y en uno de los capítulos del mismo se refiere a las quejas gestionadas de oficio. Una de ellas fue relativa al periodo medio de pago de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga), y se debió a la preocupación suscitada por el artículo de FARO.
Tras las averiguaciones, la Xunta respondió que los plazos cumplen la ley, ya que disponen de dos meses para resolver la Risga, pero previamente había un mes más para los trámites municipales. "El tiempo medio en el año 2016 fue de 67,49 días -plantea la Valedora en su informe-, y se redujo considerablemente, puesto que el año anterior fue de 118,96 días".
La Xunta añade que los plazos no solo dependen de los técnicos de la administración autonómica, sino también de los de los concellos, de ahí que se habilitasen ayudas para la contratación de profesionales por parte de los municipios, recalando cuatro de ellos en Sanxenxo, O Grove y Vilagarcía de Arousa, que tuvo dos.
La Valedora da por buenas las explicaciones de la Xunta, y de hecho señala que la mayoría de las quejas relativas a la Risga que tramitan en la actualidad no se deben a la demora de la aprobación de las mismas, sino a otros aspectos, como la suspensión o su complementariedad con otras prestaciones.
De todos modos, el departamento de Milagros Otero también pone reparos. En primer lugar, señala que una vez el perceptor recibe la notificación de que le han aprobado la ayuda aún tiene que esperar un tiempo a cobrarla por primera vez, dado que la Xunta solo abona estas ayudas en unas fechas determinadas, "lo que en algunos casos lleva a que pueda demorarse hasta casi un mes más, añadido al tiempo de espera anterior".
Asimismo, la Valedora advierte de que "los retrasos por encima de los plazos se producen en gran medida en los ayuntamientos, fundamentalmente por las esperas para primeras o sucesivas citas en los servicios sociales". Por ello, aboga por reforzar los mencionados departamentos de servicios sociales.
Sea como fuere, la Valedora no pierde de vista el hecho de que el cobro de la Risga "puede en muchos casos resultar apremiante para cubrir gastos de primera necesidad", de ahí que con independencia de que "la espera sea más o menos larga" haya preguntado por las medidas de emergencia. Un asunto sobre el que la Xunta le dio la callada por respuesta. "Apreciamos que rara vez se conceden -ayudas de emergencia previas a la Risga-, a pesar de que la necesidad es clara. En la mayor parte de las ocasiones el problema se deriva a organizaciones de ayuda social".
Otro aspecto que se ponía de manifiesto en el artículo de FARO era que muchas personas se veían obligadas a rechazar ofertas de empleos temporales o discontinuos porque de lo contrario perderían la Risga. A este respecto, la Valedora recuerda a la administración autonómica que la ley permite que esta ayuda sea compatible para las personas en riesgo de exclusión social, "que realicen actividades laborales de baja remuneración, que por su naturaleza discontinua o parcial no garanticen una inserción social y laboral".
La Xunta contestó al respecto que ya prevén introducir esos cambios en un nuevo decreto en el que están trabajando, equiparando a las personas inscritas como demandantes de mejora de empleo con la situación de desempleo. Otros aspectos sobre los que llamaban la atención los técnicos sociales consultados por FARO fueron la incompatibilidad con la Risga de las pequeñas pensiones, o la imposibilidad de cobrarla de muchos inmigrantes ilegales. La Valedora preguntó por ambos en su interpelación a la Xunta.
