El diputado socialista Carlos López Font solicita la eliminación de la tasa de 60 euros que el Ministerio de Hacienda cobra a los vecinos afectados por la regularización catastral porque "se está esquilmando a los ciudadanos". "Es un absoluto escándalo", espeta el diputado del gobierno de Carmela Silva, que acusa a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de "alentar y confundir a los vecinos asegurando que es el servicio de recaudación de la Diputación de Pontevedra [el ORAL] quien decide los incrementos del IBI o el pago de la tasa catastral" para "desviar la atención y no enfrentarse al ministro Montoro".

Explica López Font que el objetivo de la tasa es "pagar el proceso de revisión del IBI en cada inmueble que realizan empresas privadas y que supuso en tres años unos ingresos de 108 millones de euros (en 2015 una media de 39 millones, en 2016 de 37 y en 2017 una recaudación de 31 millones)". "Estamos hablando de una tasa del Ministerio de Hacienda que trata de compensar al propio Ministerio por el trabajo de revisión que está haciendo", agregó el diputado provincial.

Aclara que el ORAL no tiene nada que ver con la tasa, pues se trata de "una regularización catastral que comienza de oficio en 2013 por el Ministerio de Hacienda para detectar alteraciones en la base imponible del IBI que se acompaña de una tasa que deben pagar los ciudadanos".