Los sectores productivos de la ría de Arousa comparecieron ayer en la sede del Gato Negro de Carril para exigir a la Xunta tener acceso a todos los expedientes relacionados con la actividad de la vieja mina de Touro entre 1973 y 1986 "y posteriores", es decir, hasta la actualidad. Bajo el paraguas de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), un total de 33 colectivos (entre ellos cofradías, bateeiros, parquistas, depuradores, ecologistas, plataformas o sindicatos) advirtieron de que la explotación en las inmediaciones del río Ulla es "un riesgo sistémico y permanente de las explotaciones agrícolas y la actividad marisquera" de la ría de Arousa.
Ana Parda, de la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, recalcó que "tenemos absoluta legitimidad" para acceder a la documentación solicitada, por lo que espera que la respuesta de la administración sea afirmativa, "salvo que quieran ocultar información", apostilló.
Desde la plataforma dejaron claro que la de San Rafael es "una mina abandonada, no cerrada", pues según este movimiento social contra la reapertura de la explotación, en la actualidad se siguen produciendo vertidos a los ríos, y por tanto también a la ría de arousa.
El presidente de la Asociación de Mejilloneros de A Pobra, Benigno Yáñez, confesó haber recibido la visita de un técnico "para hacernos tontos". "Que no nos engañen porque de las balsas no va a salir arena como dicen, sino agua más o menos contaminada", espetó el bateeiro barbanzano.
El patrón mayor pobrense, Juan Miguel Iglesias, aseveró que la vieja mina "lleva 31 años parada pero aún sigue contaminando", mientras que por parte de la administración "seguimos en blanco", se quejó.
Por su parte la patrona de la cofradía de pescadores de Vilanova, María José Vales, recordó que la ría de Arousa genera 30.000 puestos de trabajo, "la mayor empresa de Galicia", añadió Alfredo Otero, del Consello Regulador Mexillón de Galicia. "No queremos una bomba de relojería que pueda reventar", dijo Vales.
El representante del Consello indicó que desde la Xunta les transmiten "calma para un proyecto que va a poner en peligro a nuestras gentes y a la ría", por lo que los colectivos advierten de que van a "continuar peleando sin descanso hasta que esto pare", es decir, hasta la retirada del proyecto de reapertura de la mina.
En el escrito enviado a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, los sectores productivos de la ría de Arousa solicitan "que se nos dé traslado de los términos en los que le fue dada la autorización administrativa para realizar la mencionada explotación minera de cobre en la concesión San Rafael, entre los años 1973 y 1986 y posteriores; y las condiciones explícitas ambientales y de restauración a realizar por la mercantil al terminar la explotación, y por las posteriores concesionarias y/o arrendatarias de los derechos de explotación".
Asimismo, piden también los requerimientos realizados por la administración a las empresas que gestionaron la mina, así como informes y actas de inspección efectuados por las autoridades "para vigilar los daños ambientales derivados de la actividad minera", entre otra diversa documentación. "Nosotros tenemos que cumplir la ley y la administración también debería hacerlo", dice Francisco Oubiña, de la Asociación de Mexilloeiros da Illa.
