La denuncia interpuesta por el Concello de Vilanova contra la Diputación de Pontevedra por la paralización del proyecto para ampliar el vial de Baión también se ha visto afectada por la huelga que se registra en la Justicia. En el día de ayer, estaba previsto que los testigos de la causa, que se analiza en el Contencioso Administrativo de Pontevedra, pasaran a declarar sobre la causa, pero esas declaraciones han tenido que ser aplazadas hasta que los juzgados retomen su actividad habitual. Además de los técnicos de la Diputación que respaldaron la decisión de paralizar la obra, también están citados como testigos en esta causa responsables de la empresa a la que se le contrató y funcionarios del Concello de Vilanova.
Este contratiempo no satisface al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que espera que "esta cuestión se resuelva cuanto antes, porque los vecinos de Vilanova nos sentimos seriamente perjudicados por lo ocurrido". No en vano, insiste el regidor, "se nos han birlado 1,7 millones de euros de una obra que ya había sido licitada y adjudicada".
La obra que reclama Vilanova es la ampliación y mejora de un tramo de la carretera de Baión, la EP-9701, que afectaría a la calzada situada entre los lugares de Sestelo y Serantes, ambos en la parroquia vilanovesa. Se trata de un tramo de algo más de tres kilómetros de longitud en el que la Diputación de Pontevedra, en la etapa de Rafael Louzán, diseñó un proyecto de actuación cuyo coste era de 1,7 millones de euros y cuyo principal objetivo era mejorar la seguridad y ampliar el espacio destinado a los peatones, con la construcción de arcenes amplios, además de eliminar una serie de curvas importantes con riesgo para la circulación.
El proyecto recibió el visto bueno en 2014 y fue adjudicado a la empresa Covsa. Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Diputación, en julio de 2015, las obras nunca llegaron a iniciarse pese a que desde el Concello de Vilanova entendían que eran muy necesarias. La obra se fue dilatando en el tiempo hasta que, en julio del pasado año, la Diputación anunció que anulaba el proyecto de mejora de la carretera que une Baión con András. La decisión se fundamentó en que el proyecto presentaba graves deficiencias, hasta el extremo, indicaban desde el ente provincial, de que ni siquiera existía un permiso de muchos propietarios para la ocupación de sus terrenos por la carretera. La ruptura del contrato con la empresa se realizó por la vía amistosa.
