Los alcaldes de O Salnés celebran el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que permitirá a los Ayuntamientos reinvertir sus ahorros, aunque consideran que todavía debería abrir más la mano y permitir libertad total a los gobiernos municipales para decidir el destino de los superávits. Uno de los más explícitos en este sentido es el regidor de A Illa, Carlos Iglesias. "La autonomía local no tiene por qué ser tutelada por un Ministerio", espetó.

El superávit se produce cuando los ingresos superan a los gastos, y la ley actual pone cortapisas a los municipios para reinvertir ese dinero. Se trata de una de las medidas impulsadas por el Gobierno central para salir de la crisis, y nunca gustó a los alcaldes. Ahora, confían en que Madrid permita a los municipios reinvertir una parte mayor de esos ahorros.

No todos los municipios tienen ya concluidas las liquidaciones de sus cuentas de 2017, y mucho menos han abordado posibles destinos al superávit, ya que el anuncio de Montoro se produjo el lunes. Pero uno de los que sí sabe ya que quiere hacer con el dinero es el alcalde de Meis, José Luis Pérez.

Según sus datos, cerraron el pasado ejercicio con 500.000 euros de superávit, y si bien en un primer momento pensaban destinar ese dinero a amortizar deuda, ahora lo dedicarán -al menos una parte sustancial- a "invertir en ahorro". "Hay inversiones que pueden repercutir en el futuro en un menor gasto, como las de modernización del alumbrado público, la instalación de aparatos correctores de consumo eléctrico en las depuradoras o conexiones de saneamiento que reduzcan los pozos de bombeo. Esas son las actuaciones en las que estamos pensando", declaró.

Desde el Ayuntamiento de Vilagarcía, por su parte, apuntan que hay que mantener la cautela, ya que según el ejecutivo que dirige Alberto Varela habrá que esperar a que se concreten más los términos del acuerdo al que llegaron la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y Montoro. "Hay que esperar a que concreten un poco más los términos, porque parece que lo acordado es lo que ya existía", plantean desde Ravella.

El gobierno de Vilagarcía prosigue indicando que "el año pasado el Ministerio ya permitió destinar parte del superávit de 2016 a 'inversiones financieramente sostenibles'. El problema es que esa parte es muy pequeña, por lo que se esperaba que este año se ampliase el techo de la Regla de Gasto para que esa parte fuese mayor", en alusión al aprovechamiento del superávit de 2017.

A modo de ejemplo, Vilagarcía indica que cerraron 2016 con cuatro millones de euros de superávit, pero solo pudieron dedicar 300.000 a obras. "Más de tres millones tuvieron que ir, obligatoriamente, a la amortización de deuda". Por ello, esperan que el acuerdo del lunes se concrete, y que premie a los municipios más saneados. "Vilagarcía en este sentido puede ser un ejemplo ya que se redujo de forma importante la tasa de endeudamiento, que actualmente está en niveles muy bajos (31,55 por ciento), lo que permitió a finales del pasado año cerrar tres años antes de lo previsto el Plan de Ajuste puesto en marcha en 2012 por el anterior gobierno municipal".

También la regidora de Meaño, Lourdes Ucha, se muestra satisfecha "con una medida que es positiva". En su opinión, "debería tener carácter retroactivo", y también aboga porque los Ayuntamientos "tengamos libertad para decidir a qué se dedica el dinero del superávit". Meaño está pendiente de cerrar el ejercicio de 2017, pero en 2016 obtuvo 450.000 euros de ingresos a mayores sobre los gastos. Parte de ese dinero sí se reinvirtió en instalaciones deportivas, actuaciones de abastecimiento de agua, arreglos de pistas o de parques.

Elogios a Caballero

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, elogia a Abel Caballero, "porque cumplió con las expectativas de los Ayuntamientos". "Cuando tomó posesión como presidente de la FEMP ya prometió que lucharía contra esas medidas de Montoro que castigaban a los municipios".

Iglesias opina que el ministro "demonizó" injustamente a las administraciones locales al acusarlas de gestionar mal, "cuando la mayor parte del déficit lo dan el Estado y las comunidades autónomas". También plantea que los casos de corrupción en los Ayuntamientos son porcentualmente muy escasos con respecto a los de otros estamentos.

Por ello, entiende que tras el acuerdo del lunes en Madrid, "el siguiente paso es lograr la libertad total para que los Ayuntamientos puedan decidir las inversiones" a acometer con el dinero sobrante del ejercicio anterior. A Illa cerró 2016 con 250.000 euros de superávit, de los cuales destinó 160.000 a amortizar deuda.