La normativa modificada por la Xunta de Galicia para poder declarar montes vecinales en estado de abandono y cederlos a manos privadas por el plazo de 50 años pone en alerta a la directiva de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, presidida por Xosé Alfredo Pereira, quien hace un llamamiento a los comuneros para que participen en la asamblea general convocada para el sábado 24 en Vilagarcía de Arousa. Entre los asuntos a tratar figuran las movilizaciones destinadas a frenar lo que la directiva califica ya como "un robo".
Pereira argumentó que la asamblea anual de los comuneros gallegos, en la que están representadas más de 160 comunidades de montes de las que 130 corresponden a la provincia de Pontevedra y su área de influencia, es rotatoria y este año la previsión era realizarla en esta provincia. Dada la importante presencia de comuneros de Vilagarcía de Arousa y del resto de la comarca de O Salnés, así como de la vecina zona de Barbanza, optaron por solicitar el uso del Auditorio Municipal vilagarciano.
La cita será el próximo sábado a partir de las diez de la mañana y, según explicaron ayer Xosé Alfredo Pereira y el directivo de comunicación Claudio Quintillán, está abierta a todos los comuneros que quieran participar, sean asociados o no, debido a la importancia de los asuntos que se abordarán en esta sesión.
"Tenemos que dar respuestas al ataque que se les da a las comunidades de montes por parte de la Consellería de Medio Rural. Lo que quiere la administración es que desaparezcan las comunidades y los terrenos que gestionan democráticamente pasen a manos de empresas privadas. De ahí la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta que modifica dos artículos relacionados con los montes. Ahora pueden declarar monte vecinal en estado de abandono, sin criterios; con argumentos tales como no elegir la junta rectora en tiempo o no cumplir las obligaciones administrativas", declara Xosé Alfredo Pereira.
El presidente de la organización galega de comunidades añade que "es la primera vez que incumplir algún artículo de la ley suponga el robo o confiscación de tierras. Una vez declarado el monte vecinal en estado de abandono, la Xunta lo cederá a la empresa privada por 50 años. En este tiempo se pierde la memoria de la existencia del monte vecinal."
Según el artículo 29 de la ley modificada en diciembre de 2017, la Consellería competente en materia de montes iniciará el procedimiento para la declaración de un monte vecinal en estado grave de abandono o degradación. Para ello requerirá a la comunidad de vecinos para que presente un instrumento de ordenación o gestión forestal en el que se exprese el plazo para su ejecución. En el caso de que no se presente en el plazo en el que le es requerido o que el instrumento no fuese aprobado por no ajustarse a los objetivos previstos para conseguir la gestión y mejora integral del monte, la personal titular de la Dirección General competente en materia de montes elevará a la Consellería la propuesta para que el monte sea declarado en estado de grave abandono o degradación.
Una vez realizada la declaración, la Dirección Xeral de Montes acordará la incorporación del monte al Banco de Terras de Galicia, con el fin de que la entidad gestora pueda ceder su uso y aprovechamiento.
Para Pereira, la única respuesta de los comuneros a esto es la movilización, "porque el Gobierno de diálogo no entiende".
Esta afirmación la apoya en otros hechos ocurridos anteriormente relacionados con los montes comunales. "En 2012 se aprobó la ley de montes de Galicia. Los montes conveniados tenían que pagar una falsa deuda. Logramos, con movilizaciones, que en lugar de hacerlo efectivo en 2014 se aplazara el pago a 2021 y que el cómputo de la deuda fuese solo desde 2005 en adelante. Estas mejoras se consiguieron con movilizaciones; tendremos que responder igual con los nuevos cambios", apunta.
Las movilizaciones se decidirán en la asamblea del próximo sábado en Vilagarcía de Arousa. En el caso de celebrarse tendrían que ser antes del 24 de mayo, ya que entre los días 26 y 27 de ese mes se celebrará en Rianxo un congreso de las comunidades de montes.
La organización de comuneros de Galicia, viene desarrollando su actividad en la defensa de los montes vecinales desde su primer congreso celebrado en el municipio pontevedrés de Poio en el año 1997. La asamblea del año pasado tuvo lugar en el ayuntamiento ourensano de Ribadavia.
Otras críticas
Otra de las críticas que realizan los comuneros se refiere a la exigencia de la certificación forestal del monte.
Xosé Alfredo Pereira reconoce que ellos tienen esta certificación forestal, pero que solo es un mero salvoconducto para vender la madera. "En la práctica es un paripé, porque no sirve en realidad para certificar o avalar el respeto a la biodiversidad", declaró.
