La huelga de los funcionarios en la administración de Justicia llegaba ayer a su séptima jornada de paro con unos datos que hablaban a las claras del impacto que este conflicto laboral está teniendo para los administrados y para el funcionamiento de los propios juzgados. En estos primeros siete días, los sindicatos convocantes calculan que se han suspendido en torno a 310 juicios y unos 750 actos procesales en los que era necesaria la presencia de las partes implicadas con sus respectivos abogados y procuradores.

Ayer, la parálisis fue de nuevo casi total con un 92% de participación según los sindicatos convocantes. Los juzgados y los servicios vinculados a estos -como el registro civil- siguen tramitando solo causas urgentes y que no admiten mayor demora, y con los funcionarios negándose a dar curso a aquellas actuaciones que no entran en los servicios mínimos que, según explican, se siguen cumpliendo "a rajatabla".

Una "lucha larga"

La de ayer fue una jornada en la que, además, se retomaron las protestas. En Pontevedra los funcionarios iniciaron la jornada con un desayuno reivindicativo, haciéndose notar en el vestíbulo de acceso al edificio judicial de A Parda en donde almorzaron rodeados de orejas, filloas y otros postres típicos del carnaval. Un desayuno que tenía como objetivo trasladar a la administración que están preparados "para una lucha que se prevé larga" y que de esta forma, "estamos tomando fuerzas frente a una Xunta que nos quiere cansar" y que no van a cejar en sus reivindicaciones que creen "justas" para equiparar sus salarios con el de los funcionarios del resto de las comunidades autónomas, tal y como explicaba el portavoz del comité de huelga, Enrique Araújo.

La elevada participación está marcando esta primera semana de huelga entre los funcionarios de la administración de Justicia, especialmente en la provincia de Pontevedra. Ayer, desde el sindicato SPJ-USO se quiso poner de relieve y hacer especial mención a los juzgados de Marín, en donde el seguimiento de la huelga está siendo de un 100% en todas y cada una de las jornadas desde que se convocó el paro indefinido. Incluso los propios funcionarios elaboraron las pancartas con las que reivindican que a igual trabajo que sus compañeros de otras comunidades deben percibir un igual salario.

La participación es también superior al 90% en otros juzgados mixtos como es el caso del de Caldas.