El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma una sentencia anterior y ordena el desalojo de los integrantes del club de jubilados que ocupan un local en el edificio de la lonja de contratación existente en el puerto de Rianxo, dependiente de Portos de Galicia.
Lo más curioso es que el ente público dependiente de la Xunta de Galicia presentó ante el alto tribunal un recurso que después no defendió.
El procedimiento judicial se inició a instancias de la cofradía de pescadores rianxeira, que estaba obligada a pagar un canon de ocupación a Portos a pesar de que no tiene vinculación alguna con dicho club de jubilados y tampoco podía disponer del inmueble, de ahí que pidiera su desalojo.
Tras haber ganado en primera instancia, la cofradía de pescadores, que valora en cerca de 30.000 euros los daños y perjuicios sufridos, vio como Portos de Galicia presentaba el recurso ante el TSXG.
La representación legal de la entidad pesquera anuncia que pedirá la ejecución de esta sentencia, ahora firme, y reclamará dicha cantidad a Portos y a la asociación de jubilados que se negaba a abandonar el local.
Las mismas fuentes explican lo sucedido diciendo que lo que hace el TSXG es declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por Portos contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago de Compostela que obligaba al ente portuario, a instancias de la cofradía, al desahucio de la denominada Asociación de Jubilados de Rianxo en el local que tenían ocupado desde el año 2001 en la lonja".
En cuanto al recurso presentado en su día por Portos, "inició los trámites, pero ante el olvido de personación en el TSXG esta sala acuerda tener por abandonado el recurso de apelación interpuesto ante la falta de presentación formal en dicha instancia judicial", de ahí que la sentencia dictada en primera instancia fuera "declarada firme ocho meses después de haber sido dictada".
La cofradía inició el procedimiento el año pasado "tras reiterados incumplimientos de Portos, que se negaban a desalojar a dicha asociación, que venía ocupando un local de la lonja y por tanto sometida a la concesión administrativa" que tiene el propio pósito.
Eso obligaba a la cofradía, " año tras año desde el año 2001, a soportar los gastos de agua, luz e impuestos municipales, así como el canon portuario, ante la negativa reiterada de dicha asociación de abonar gasto alguno de los generados en dichas instalaciones portuarias".
Los abogados del cabildo esgrimen que "la gota que colmó el vaso" tuvo lugar en el año 2016, "después de que Portos de Galicia triplicara los costes y cánones de ocupación, obligando a la cofradía a asumirlos aún siendo consciente de que el local no era utilizado por dicha entidad y de que la asociación de jubilados se negaba taxativamente a abonar pago alguno, aún pudiendo disponer de instalaciones municipales como clara alternativa".
Lo que sucede es que los jubilados no querían marcharse de ese local de la lonja porque, según decían, allí "estaban más cómodos y era todo gratis".
