El portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Luis Villares, acusó ayer al alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, de autorizar el pago de dietas presuntamente irregulares a dos funcionarios. Se trataría del secretario y del interventor, y supuestamente perciben una dieta "por desempeño del servicio", que según En Marea son "ilegales al no estar previstas en la ley". La formación entiende que ese pago ya está incluido en el salario por acumulación, que es cuando un funcionario trabaja en varios municipios diferentes.
Villares compareció en conferencia de prensa en la sede de Esquerda Unida de Vilagarcía junto a representantes de las mareas municipales, y dio a conocer una serie de documentos que avalarían las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en Valga. Según el portavoz de la confluencia, están implicados no solo el alcalde, sino también los dos funcionarios que presuntamente cobran las dietas irregulares, y que son el secretario y el interventor.
En Marea cuestiona en primer lugar que ambos puestos de trabajo estén cubiertos por acumulación, en vez de dar estabilidad a las plazas. Luis Villares sostiene que lo que le interesa al alcalde es que ambas plazas queden vacantes de forma permanente, para lo cual hace una previsión presupuestaria anual "muy inferior a la que le corresponde por categoría, lo que disuade a los funcionarios habilitados a pedirla".
Villares opina que de ese modo, el regidor logra cubrir los puestos de mayor nivel "con gente que le resulte cómoda para el ejercicio de su actividad y que no ponga reparos". En Marea manifestó además que el secretario figura como investigado en la operación Pokemon, por la prórroga supuestamente irregular a una concesionaria del servicio de aguas cuando trabajaba en el municipio de A Pobra do Caramiñal.
La segunda de las presuntas irregularidades es que, prosigue Villares, el Ayuntamiento habría contratado para un trabajo de refuerzo administrativo a una persona que es socia solidaria de una empresa de asesores de la que también es socio el interventor. En Marea añade que, además, la mujer contratada no llegó a realizar el trabajo, sino que lo hizo un tercer socio de la empresa vinculada al interventor, "que está jubilado".
Así las cosas, En Marea considera que en el Concello de Valga "existe una trama de favores", por lo que ha remitido a la justicia la documentación que posee, y ha pedido explicaciones al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
