03 de enero de 2018
03.01.2018

La Xunta aumenta el derribo de obras ilegales en más de diez concellos

Sanxenxo, con cinco demoliciones, es uno de los municipios que acumula más sanciones por este motivo, aunque se actuó en Barro y Portas

03.01.2018 | 03:03

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), incrementó a lo largo de 2017 su actividad inspectora y las órdenes de derribo ejecutadas de edificaciones ilegales en la comarca y el balance provisional de esta entidad de la Xunta ya tiene certificadas veinte demoliciones, realizadas en diez municipios. Las cifras aún pueden aumentar una vez que se completa el resumen definitivo del año, que suele incluir más intervenciones de las que se publican en la página web de la agencia. Aún así, 2017 supera los datos del año anterior, cuando la "piqueta" de la Xunta visitó nueve municipios en 18 ocasiones.

Si en 2016 fueron Sanxenxo, Marín, Poio, Vilaboa, Cuntis, Moraña, Ponte Caldelas, Caldas y A Lama los concellos con algún expediente de este tipo, en esta ocasión se caen por el momento de la lista los dos últimos, y entran los de Pontevedra, Barro y Portas, hasta un total de diez.

Las demoliciones afectaron a todo tipo de instalaciones, como casetas prefabricadas, caravanas, edificaciones residenciales completas, a medio edificar o solo en estructura e incluso un quiosco de playa o algunos galpones. Las veinte actuaciones ya certificadas en la comarca suponen un tercio de las sesenta de toda la provincia, mientras que en Galicia ya se ha informado de unas 130.

Como es habitual, Sanxenxo encabeza un año más el listado. En 2016 hubo seis demoliciones y e el ejercicio que acaba de concluir se realizaron al menos cinco, a la espera del balance definitivo. Fue precisamente en este municipio donde comenzó la actividad de la APLU en la comarca, con la retirada en febrero de una caseta prefabricada. Se regresó en junio, con dos derribos de otras tantas construcciones para uso residencial. En septiembre se eliminó un establecimiento expendedor de comidas y bebidas en suelo de servidumbre marítimo-terrestre, así como dos casetas ilegales.

Después de que en 2016 no hubiera actuación alguna en Pontevedra, la capital sí regresó el pasado año a este listado con dos derribos certificados hasta el momento. Uno fue en mayo my el otro en julio, ambos para eliminar inmuebles en suelo no urbanizable. En lo que se refiere a las siete grandes ciudades gallegas, Ferrol registró al menos cuatro demoliciones el pasado año, provisionalmente, por delante de las dos de Pontevedra, que supera a Lugo, Ourense y Vigo (un derribo en cada caso). A Coruña y Santiago están, hasta ahora, a cero.

También hubo dos "visitas" a Marín. En junio se desmontó una caseta prefabricada y una caravana en suelo rústico de especial protección y en septiembre una edificación en terrenos rústico de protección de aguas.

Barro y Cuntis también figura dos veces en cada caso en el balance provisional. En el primer municipio se derribaron inmuebles de uso residencial en julio y septiembre y en Cuntis se actuó en marzo y abril contra una edificación residencial con otra auxiliar y contra una vivienda, todas en suelo no urbanizable de protección agrícola.

En Poio fue demolida una caseta prefabricada en suelo rústico y en Portas unas dependencias de uso residencial, mientras que en Moraña fueron cinco pequeñas edificaciones en una única actuación.

Aunque la actividad de la Axencia es intensa, y cada año con más actuaciones, sus estadísticas señalan que en el 90% de los casos, estas tareas de demolición son asumidas voluntariamente por los propios infractores, con lo que evitan un proceso de ejecución subsidiaria encargada por la propia APLU y que después carga sobre los propietarios.

Los 20 derribos hasta ahora certificados en la comarca suponen un tercio de los sesenta divulgados por la APLU en su página web el pasado año en toda la provincia. En toda Galicia son, provisionalmente, unos 130 casos. Sanxenxo aparece en segundo lugar, con el mismo número de demoliciones que Redondela (5) pero por detrás de los nueve de Cangas. O Rosal figura a continuación con cuatro. Con tres -empatados con Vilaboa- están Bueu, Nigrán y Oia, mientras que dos actuaciones ya divulgadas hubo, además de en Pontevedra, Marín, Cuntis y Barro, en Cambados y Ponteareas. La relación provincial se completa, con un expediente en cada caso, con Mondariz, O Grove, Vilanova de Arousa, As Neves, Agolada, Pazos de Borbén, Vigo, Vila de Cruces y Mos.

Por tanto, solo cuatro municipios se han librado de la "piqueta" de la Xunta en este primer balance provisional, que siempre aumenta cuando se divulga el resumen anual.

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