A finales de 2016 la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de Arousa, la comunidad de montes de Sobrán y Ramiro Martínez S.L. (Montiño) alcanzaron un preacuerdo para poner fin a tres años de gestión en precario del matadero de Vilagarcía por parte de la empresa cárnica, cuya concesión expiró el 17 de septiembre de 2013 sin posibilidad legal de más prórrogas.

El acuerdo, mediante el que se disuelve la Mancomunidad y los comuneros recuperan la titularidad de las instalaciones, no salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 10 de noviembre de 2017, cuando se abrió un plazo de alegaciones de un mes. Cuando todo parecía estar resuelto, pues las partes habían llegado a un preacuerdo varios meses atrás, la solución a la gestión del matadero sufre un nuevo revés, pues según los comuneros, Montiño ha recurrido el acuerdo.

El presidente de la comunidad de montes, Manuel Barcala, se muestra sorprendido con la reclamación presentada por la empresa, ya que "en la reunión que mantuvimos dijeron que no había ningún problema". Señala este vecino de Sobrán que Ramiro Martínez S.A. podrá continuar explotando las instalaciones de Renza hasta el 31 de diciembre de 2020 y "en iguales condiciones" que hasta ahora, pues el alquiler que Montiño deberá pagar a la comunidad de montes es la misma que abonaba a la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de Arousa, ahora disuelta. Este organismo comarcal estaba integrado por los concellos de Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia, O Grove, Meis, Meaño y Catoira.

Según el relato de los comuneros, las razones esgrimidas por la empresa para rechazar el acuerdo responderían a inversiones realizadas en el matadero. "Nadie le niega la propiedad de la maquinaria, pero por ejemplo si construyó una pared, no puede llevársela", ejemplifica Manuel Barcala.

Después de conocer que la firma cárnica ha presentado alegaciones al acuerdo, los comuneros de Sobrán también han recurrido, explicando su versión de la situación.

Ramiro Martínez S.L. es adjudicataria del matadero de Vilagarcía desde el 8 de marzo de 1989. El contrato fue ampliado hasta el 17 de septiembre de 2003, y prorrogado de nuevo hasta septiembre de 2013. Como contraprestación a la ampliación del plazo de concesión, la empresa invirtió entonces 44.993.536 pesetas (19,9 millones procedentes de subvención) en mejoras tecnológicas y sanitarias del matadero.