La formación Meaño Independente ha salido al paso de la información que ayer publicaba FARO DE VIGO en relación a una denuncia contra la alcaldesa Lourdes Ucha por prevaricación, interpuesta por un vecino de Simes a través la letrada santiaguesa Begoña Trillo. En su comunicado el portavoz de la formación José Manuel Aspérez se posiciona con "prudencia, porque de confirmarse sería muy grave".
A la par que habla en su misiva de "presunción de inocencia" ante la denuncia a la regidora, recuerda que "en el último pleno de la corporación ya hicimos constar la posibilidad de irregularidades en esta obra de Simes, e injusticias en los procesos de expropiación que se están llevando a cabo en la zona". "De hecho -prosigue Aspérez Montes- tenemos solicitado por escrito la documentación del expediente completo de la obra, pero a día de hoy aún seguimos sin ella".
La denuncia se presentaba el pasado martes en un juzgado de Cambados. La parte denunciante acusa a la regidora meañesa de prevaricación por el modo de proceder en un tramo del enchanche del vial Quintáns-Souto en Simes.
Punto polémico
El acuerdo adoptado por resolución de la alcaldesa para el retranqueo y construcción de un muro, tras acuerdo con el propietario, y que supuso la inversión en dicha actuación de más de 11.000 euros, es el punto más polémico de la actuación de la regidora.
Según la abogada Begoña Trillo "la construcción de ese muro en absoluto estaba contemplado en el proyecto de expropiación, ni se modificó éste para incluirlo, ni se realizó justiprecio alguno para ocupar el terreno y construir el citado muro".
De hecho, siempre según la versión de la letrada, existe un reparo de la secretaria-interventora más otro informe de la aparejadora que advertían a la regidora de que "con la normativa en la mano, no se podía aprobar tal obra privada por ese trámite".
Recorrido
Fuentes jurídicas consultadas reconocen que, de confirmase el hecho de la existencia de un reparo de la secretaria-interventora, más un informe de la aparejadora, puede condicionar mucho el proceso". "Lo primero -apuntan las fuentes consultadas- es conocer con total exactitud el texto íntegro de dicho reparo para valorar con objetividad de la denuncia planteada, y ver si tiene recorrido en la práctica".
"Por otra parte -aclara- el no facilitar los expedientes o ponerles trabas a los grupos políticos para el acceso a la documentación, que es una práctica de muchos alcaldes, sí está tipificado de hecho también como delito.
Entienden en este sentido otra cosa es que los grupos no denuncien esta práctica irregular por parte de los regidores, para que no les paguen luego con la misma moneda en otros concellos donde gobiernan, pero la ley sobre el particular es clara, explican los afectados.
