El grupo de gobierno de Ribadumia aseguró ayer a través de un comunicado de prensa que el Ayuntamiento tendrá que entregarle 50.000 euros al Arzobispado de Santiago por culpa de la anterior alcaldesa, Salomé Peña.
Según el equipo que dirige David Castro, cuando el Concello estaba gobernado por el PP se firmó un convenio con la Iglesia en virtud del cual la institución eclesiástica le cedía al municipio una parcela de unos 2.000 metros cuadrados que la parroquia tenía en Ribadumia para la construcción de un tanatorio, mientras que la administración le cedía a su vez otros 2.000 metros cuadrados a la Iglesia en Barrantes, para que se construyese allí un templo y la vivienda del cura.
Pero esta segunda cesión jamás se produjo, y según el actual gobierno de Ribadumia el plazo para hacerlo ya expiró, puesto que el convenio se firmó en marzo de 2010, y se estableció un plazo máximo de siete años (cinco más dos de prórroga) para llevarlo a cabo.
En una de las cláusulas del documento se establece, siempre según la versión del ejecutivo local, que de no producirse la cesión del terreno de Barrantes en ese plazo de siete años, el Concello tendría que pagar al Arzobispado 40.000 euros más los intereses legales. Eso supondría ahora unos 50.000 euros, según las estimaciones del Concello.
El tanatorio de Ribadumia vuelve a verse así envuelto en una polémica entre el actual equipo de gobierno y el anterior, después de que hace unos meses se ordenase su cierre por supuestos defectos administrativos.
Culpa a Salomé Peña
Según el ejecutivo que dirige David Castro, se ha llegado a esta situación por dos razones. En primer lugar, aluden a que Peña en ningún momento alertó al actual gobierno del riesgo de tener que indemnizar al Arzobispado. Y, en segundo lugar, el gobierno afirma que la cesión de un terreno en Barrantes era imposible, dado que en mayo de 2009 Salomé Peña firmó otro convenio con el propietario de la Carballeira de Barrantes en el que solo se contemplaba la cesión de las áreas destinadas a zonas verdes,. No obstante, no aparecían las reservadas para equipamientos, que eran las que, un año más tarde, supuestamente Salomé Peña le prometió a la Iglesia, puesto que sería sobre ellas donde se levantarían el templo y la casa rectoral.
Según el equipo de Castro, en ese momento de 2009, el Ayuntamiento "renunció a la posibilidad de tener parcelas de su propiedad en la zona de la Carballeira de Barrantes". "Y, aún así -prosigue el texto del Concello-, 10 meses después Salomé Peña firma el convenio con el Arzobispado permutando una propiedad que ni pertenecía al Ayuntamiento de Ribadumia ni iba a pertenecer en el futuro tras renunciar a la cesión de terrenos para equipamientos públicos".
Para terminar, el ejecutivo local plantea que en la actualidad los plazos están vencidos y que no existe la parcela permutable, con lo que el Concello se verá abocado a pagarle al Arzobispado unos 50.000 euros. "Salomé Peña mintió a sabiendas tanto en la negociación como en la posterior firma del convenio con el Arzobispado".
Por todo ello, desde el tripartito formado por Independientes, Somos y el PSOE se afirma que "se estudiará que medidas tomar contra Salomé Peña y los miembros de la ejecutiva local", que firmaron el convenio en marzo de 2010. "Estas actuaciones de Salomé Peña son totalmente lesivas para los intereses del Concello", tanto a nivel económico como de credibilidad.
El tripartito ya llevó al juzgado en su día la supuesta desaparición de unos discos duros con información municipal, si bien el juez ordenaría poco después el archivo del caso.
