La asamblea de la comunidad de montes de San Miguel de Deiro (Vilanova) terminó ayer abruptamente tras dos horas cargadas de tensión, durante las cuales hubo muchos gritos y hasta empujones. Incluso tuvo que intervenir una patrulla de la Policía Local, y según algunas fuentes se habría interpuesto una denuncia por supuesta agresión contra dos personas.
La reunión era para decidir si los comuneros alquilan un pinar que tienen en O Castelete para la creación de un camping, pero la junta rectora la suspendió antes de que se llegase a acuerdo alguno debido a que la crispación era de tal calibre que ya no se podía sostener el debate en un salón de actos de la casa da cultura lleno de gente.
El presidente de la entidad, Fernando Doval, declinó realizar declaraciones sobre lo sucedido en la asamblea. Quien sí habló fue Francisco Charlín, un vecino que fue concejal en Vilanova varias veces, tanto en la oposición como en el gobierno con Gonzalo Durán, y que es muy crítico con la directiva. Según él, los ánimos ya estaban caldeados, "porque hace dos meses este asunto ya fue a votación en una asamblea y perdieron los que quieren alquilar el terreno", pero terminaron de incendiarse ayer por la mañana cuando al llegar los vecinos a la casa da cultura se encontraron con dos guardias de seguridad en la puerta.
Los guardias pedían a los vecinos que se identificasen antes de dejarles pasar al interior de la casa da cultura, pero según Charlín solo podían acceder aquellos que estaban dados de alta como comuneros. "Los estatutos indican que uno es comunero con solo tener casa abierta en la parroquia? ¿Por qué quiere la junta rectora que pasen solo unos vecinos y otros no? ¿Y por qué hay gente que pidió darse de alta en la comunidad y que lleva dos meses esperando por la carta de respuesta?".
La comunidad de montes cuenta en O Castelete con un extenso pinar en primera línea de playa, que ha llamado la atención de un particular que quiere crear allí un camping turístico. Su propuesta pasa por arrendar la finca durante 30 años, y se compromete a abonar 30.000 euros anuales a los comuneros. Además, contrataría a comuneros o familiares de comuneros cuando las instalaciones estuviesen en marcha, y ofrecería descuentos a los vecinos de San Miguel en el uso de la piscina, los kayaks y las escuelas de verano. Pero el proyecto no gusta a todos los propietarios.
Cuando los guardias jurados se interpusieron entre los vecinos y el interior del centro cultural se produjeron momentos de tensión. Además de Charlín, también Manuel Sineiro, edil del actual gobierno de Vilanova, tuvo un roce con el servicio de seguridad, y se vieron hasta empujones. "Parece ser que nos denunciaron a Manolo (Sineiro) y a mí", relata Charlín.
"¿Pero quién es la junta rectora para poner unos guardias en la puerta y no dejar pasar a la gente a la casa da cultura? La casa da cultura es de todos los vecinos, la comunidad lo único que tiene es un local que se le presta para las reuniones", apunta el exconcejal, visiblemente enojado.
Finalmente, sin embargo, los guardias se hicieron a un lado, y entraron las más de 100 personas que estaban esperando fuera, entre las cuales incluso había niños. Y se inició un tenso debate, que terminaría sobre las 13.00 horas, con las posturas enrocadas.
Hay vecinos, como el citado Francisco Charlín, que son contrarios a la propuesta. En primer lugar, teme que pueda perjudicar de algún modo a un cocedero que está en las proximidades, y en el que trabajan más de medio centenar de personas, muchas de ellas vecinos de San Miguel. "En cambio en el camping van a trabajar dos o tres durante el verano. ¿Qué es más importante?", se pregunta el crítico.
Además, Charlín opina que todo el proceso se ha conducido de una forma opaca y sospechosa. "¿Por qué no se le ha dado más publicidad al asunto? Porque a lo mejor así aparecía otra persona que ofreciese más dinero". "Aquí tiene que votar todo el pueblo porque se está hipotecando un terreno por 30 años", remachó.
La directiva de la comunidad de montes manifestó a mediados de esta semana a FARO que el proceso se está guiando de una forma completamente legal, y que el proyecto permitiría a los comuneros ayudar a las entidades sociales de la parroquia y hacer mejoras.
