La diputada Montserrat Prado Cores, acompañada de los portavoces municipales y responsables comarcales del BNG do Salnés, denunció ayer el afán privatizador y de agresión a los concellos litorales de la primera Lei de Portos de Galicia que lleva a debate el gobierno del Partido Popular. Exige la retirada del documento y la negociación de una norma que tenga en cuenta la actividad pesquera en primer término, así como la cohesión y coordinación territorial con los municipios, además de demandar la gestión de los puertos de interés general que están en la comunidad autónoma.
Para conseguir tumbar el proyecto de Lei de Portos, el BNG ha presentado una enmienda a la totalidad y, en el caso de que ésta no sea admitida, tramitó otras 106 enmiendas parciales para corregir situaciones que considera injustas. También presentará mociones en todos los ayuntamientos con el fin de que a nivel local se conozcan los efectos de este proyecto de ley.
En la sede del BNG de Vilagarcía, la diputada Prado Cores estuvo acompañada por el responsable comarcal de la agrupación, Manuel Domínguez, y el miembro de la directiva Xosé Henrique García, así como los concejales de Sanxenxo, David Otero, Cambados Víctor Caamaño y de Vilagarcía, Lucía César.
Domínguez apuntó que esta proposición de ley "es una oportunidad perdida para hacer una ordenación real de nuestro litoral, porque no se aprovecha para reclamar transferencias de puertos de interés general, y es un ataque frontal a todo lo que debe ser considerado un desarrollo sostenible y armónico de nuestro medio litoral. Además, invade las competencias municipales y de facto obliga a los Concellos a someter sus planes de gestión y ordenación municipal a los propios designios de las entidades portuarias, con un claro interés privatizador y recaudatorio".
Montserrat Prado recordó que el 60,67% de los vecinos de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra viven en poblaciones que tienen puerto, por lo que una ley que regule estas infraestructuras es trascendente para Galicia. "Por eso decimos que es una oportunidad perdida para que la ley establezca que las infraestructuras portuarias sean elementos de dinamización, coordinación, de cohesión y de desarrollo para los municipios. Por el contrario, es claramente privatizadora de una actividad económica y productiva estratégica".
La diputada nacionalista añadió que en el articulado de la normativa se llega a afirmar que "la actividad pública se pondrá en marcha siempre que sea preciso para atender posibles deficiencias de la iniciativa privada, o sea que la actuación pública secundariza la actividad privada".
Como ejemplo de este objetivo privatizador expuso que se escoge una figura de entidad pública empresarial en lugar de un organismo autónomo, "buscando tener el máximo de libertad para poder hacer actuaciones sin el control público".
"Nos parece preocupante que se priorice cualquier otro tipo de actividad frente a la pesquera, ya que aparecen epígrafes individualizados sobre el interés náutico deportivo para los puertos deportivos, pero no está especificada la actividad de los puertos pesqueros. Es una evidencia de para qué intereses va a servir esta ley", denunció.
Prado Cores criticó la normativa por ser "liberalizadora de los servicios portuarios; convierten a los puertos en especie de polígonos industriales y comerciales, y de ocio náutico, totalmente privatizados. Una gran parte de la ley se dedica a cómo hacer las concesiones, las tasas a cobrar, etcétera. Es como convertir islas totalmente privatizadas dentro de los concellos".
Entre las cuestiones que destaca del articulado de la nueva normativa figura la posibilidad de construcción de hoteles, instalación de líneas de alta tensión, o acometer infraestructuras de más de 12 metros de altura, lo que supone un edificio de cuatro pisos.
"Esto es una aberración, un ninguneo total de los concellos porque en lugar de adaptarse la instalación portuaria a la realidad urbanística municipal, son los ayuntamientos los que, en el plazo de un año, tendrán que adaptarse a las pretensiones que tenga Portos de Galicia", exclamó la parlamentaria del BNG.
En cuanto a los amarres, cuestiona que puedan ser concedidos en orden la solicitud y tamaño de las embarcaciones, sin tener en cuenta las embarcaciones tradicionales de Galicia.
Competencias
Otro punto en el que hace hincapié la parlamentaria del BNG es que la nueva normativa no cuestiona la distribución competencial, ya que los puertos de interés general que están en Galicia (Vigo, Marín, Vilagarcía, Ferrol y A Coruña) no están regulados en la misma porque son competencia del Estado. Entiende que deberían ser reclamados y pasar a ser puertos de interés y competencia de Galicia, como ya tienen otras comunidades autónomas.
