El Concello de A Illa de Arousa, a través de la Policía Local, ha decidido dar un paso muy importante para conseguir condenas de prisión para los furtivos que esquilman las playas del municipio. Los agentes del cuerpo han apostado por llevar, a través de la vía penal, el caso de las dos personas que fueron identificadas en la madrugada del pasado martes, extrayendo marisco de los viveros de Riasón.
La decisión se tomó a raíz de las quejas de la Cofradía sobre la situación que están viviendo en estos momentos, donde se encuentran prácticamente cada noche con furtivos reincidentes a los que las multas administrativas no les afectan en absoluto, al ser insolventes.
Precisamente, uno de los dos individuos identificado el pasado 19 de septiembre es un ejemplo de ello, ya que acumula sanciones por valor de 60.000 euros, circunstancia que no le disuade de continuar con esta actividad que tanto daño le está causando a las mariscadoras de a pie.
Los dos individuos, más aquellos que sean identificados en el futuro, serán acusados de incumplir el artículo 335 del código penal, en cuyo apartado segundo, se especifica claramente que todos aquellos que sean sorprendidos ejerciendo labores de marisqueo sin los permisos necesarios se exponen a una condena de entre seis meses y dos años de cárcel.
Al pertenecer a un grupo organizado, como se sospecha de los dos individuos en cuestión, de ser encontrados contrarios les aplicaría la condena en la mitad superior, es decir, les podrían caer cerca de los dos años de pena de prisión. A ello se le sumaría una condena de privación de mariscar de entre dos y cinco años de duración.
El Concello va a pedir a la Cofradía que les informe cada vez que uno de sus guardias rurales identifique a un furtivo para tomar la senda penal contra él, tomando referencias de todo aquello que les sea aprehendido para aportar a la causa y buscar una sentencia condenatoria.
El municipio isleño se convertirá, de esta forma, en el primer concello de O Salnés en recurrir a la vía penal contra los furtivos ya que no existe ningún precedente anterior desde que se aprobó la nueva Ley, en la que se consideraba el furtivismo como un delito.
La decisión de la Policía Local de A Illa ha sido valorada de forma muy positiva por la Cofradía, entidad desde la que se reconoce que "es lo que estábamos buscando, aunque ahora queda que un juez determine qué es condenable y qué no; que exista jurisprudencia al respecto puede resultar fundamental para disuadir a los furtivos de continuar con su actividad".
De todas formas, en el pósito isleño también son conscientes de que se debería actuar contra aquellas personas que son clientes y que alimentan esa actividad".
La acción de los furtivos está provocando serios problemas al pósito isleño desde hace tiempo, que se ve obligado a destinar un importante número de recursos a tareas de vigilancia, dinero que podría invertirse en la regeneración de bancos marisqueros.
En las últimas semanas, los vigilantes y los mariscadores se han encontrado con playas totalmente arrasadas, como es el caso del arenal de O Peixe, en el que la producción ha desaparecido por completo, convirtiéndolo en improductivo para los próximos dos años como mínimo. No en vano, los furtivos no se limitan a hacerse con el marisco de talla comercial, sino que "también se llevan aquel que no alcanza la talla mínima legal, dejando totalmente limpia la playa".
En estos momentos, el pósito de A Illa cuenta con once vigilantes, siete de ellos subvencionados por la Consellería do Mar y otros cuatro sufragados, de manera íntegra, por las arcas del pósito. Pese a tratarse de un número muy elevado, se ven incapaces de controlar los 49 arenales productivos que existen en el municipio, lo que lleva a mariscadores a prestarle apoyo para enfrentarse a los furtivos.
La identificación de estos individuos no acostumbra a ser fácil, ya que se han registrado varios altercados importantes en las playas, con insultos y amenazas a vigilantes y mariscadores, que ven como los continuos expedientes que tramitan se resuelven con simples multas que no afectan a los furtivos, al tratarse de individuos insolventes y sin ningún tipo de ingreso.
