La decisión de la Consellería de Política Social, adoptada el pasado 3 de julio, de cerrar la residencia Valle-Inclán, a la que se le otorgaban dos meses para hacerla efectiva, se encuentra recurrida en el contencioso administrativo. Así lo reconocía ayer el responsable de la residencia, Enrique Martínez Núñez, que se mostraba muy sorprendido con que "la Consellería asegure que está dando los pasos pertinentes para que se cumpla el cierre, porque a nosotros no se nos ha comunicado absolutamente nada, ni de esto ni del traslado de los residentes a otras instituciones".
El responsable de la residencia aseguraba ayer que "continúa funcionando con total normalidad, atendiendo a todos sus residentes y con medio centenar de personas en plantilla, a los que Política Social debería explicar quien les va a pagar sus despidos".
Martínez Núñez se mostraba ayer muy molesto con la Consellería a la que no duda en acusar de "reconocer con un Grado 2 a personas que son un claro ejemplo de Grado 3, simplemente para negarle las ayudas, llegando a retirar a alguno de los internos la libranza vinculada, siendo acogidos en la residencia prácticamente gratis".
Además, pide explicaciones sobre cual será el destino de estas personas en el futuro, algo que la Consellería no ha aclarado. Reconoce que "estamos muy sorprendidos con lo que está ocurriendo, ya que Política Social no nos está comunicando nada", algo que está causando un importante malestar tanto en la dirección del centro, como en los trabajadores y en los residentes.
El problema de la residencia Valle-Inclán arrancó hace ya cuatro años, a raíz de un conflicto laboral con un importante número de trabajadoras, un enfrentamiento que todavía no se encuentra resuelto y está pendiente de que se celebren varios juicios por presuntos despidos improcedentes. A ello se sumó la entrada en Ley concursal de la única empresa que tenía permisos para desarrollar esta actividad, Viajes Silgar, siendo sustituida por otras firmas que no están reconocidas por la Consellería como prestadoras de servicios sociales.
La última de las firmas que se encuentra como responsable de la residencia es "Servicios Integrales Dos Andando".
Estos constantes cambios en la titularidad fueron recogidos por los inspectores, lo que llevó a la Consellería de Política Social a tomar la drástica decisión a la que dio luz verde el pasado mes de julio.
