La norma que promulgó la Xunta en febrero fue objeto de intensa polémica entre los propietarios y el ejecutivo autonómico, cuando los primeros decidieron recurrir el Decreto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia arremetió contra él por considerar que resultaba muy "restrictivo" e incrementaba injustificadamente los costes para los dueños de pisos que quisieran ponerlos en alquiler.

Entre otras cosas, la vivienda a alquilar debía inscribirse en un registro, pagar las correspondientes tasas de 56,26 euros, estar amueblada o contar con calefacción si se ponía en el mercado entre octubre y mayo. A ello se sumaba uno de los puntos más criticados: la Xunta o la comunidad de propietarios del edificio en el que está el piso en alquiler podrían vetar el número de viviendas para uso turístico. Las sanciones por incumplir la normativa podrían ir de los 900 a los 9.000 euros.

Pese al rechazo del sector, el alto tribunal dio el visto bueno a la normativa autonómica al considerar que no limitaba la competencia "sino que pone en orden la oferta en un ámbito relevante, incrementando la seguridad de todos que todos los ofertantes se acomoden a unas mismas exigencias y a la garantía para los consumidores.