La controversia se produjo por un formalismo, y es que los responsables de Patrimonio en Pontevedra exigían que los informes fuesen avalados por un arqueólogo municipal, y el Ayuntamiento de Cambados no lo tiene.
El anterior gobierno del PP sí tenía a un trabajador en nómina, al que pagaba unos 1.200 euros mensuales, aunque solo iba a Cambados un par de días a la semana. El nuevo gobierno municipal lo cesó -el arqueólogo denunció en los juzgados, y el Concello tuvo que abonarle una indemnización de 20.000 euros-, y presentó los proyectos avalados por un historiador y técnico de Patrimonio con formación en Arqueología y vinculado al Concello desde hace más de una década.
Pero el servicio de Patrimonio de Pontevedra consideró que ese profesional carecía de la formación específica necesaria para esas actuaciones, por lo que no las autorizó. Cambados logró que la Dirección Xeral en Santiago sí les diese la razón, pero ese apoyo de los superiores jerárquicos de Patrimonio no fue suficiente.
El Ayuntamiento intentó otro cartucho, que consistió en pedir apoyo a la Diputación, que tiene sus propios arqueólogos. Pero el ente provincial lo denegó, por lo que Cambados ha terminado contratando a un arqueólogo externo, tal y como propuso en su día el Partido Popular de la localidad.
