Los trabajadores del metal salen a la calle por la falta de avances en la negociación de su convenio

La movilización es mañana en Vilagarcía, Pontevedra y Vigo a las 11 horas -Coincide con el fin de la huelga del sector en A Coruña

04.07.2017 | 02:57
Un trabajador del metal de una empresa arousana. // Iñaki Abella

Los sindicato y la patronal continúan enfrentados por el convenio del metal que regirá los próximos tres años en la provincia de Pontevedra. Tras casi cinco meses de negociaciones infructuosas, los sindicatos han decidido convocar a los delegados a una movilización mañana 5 de julio a las 11.00 horas. La concentración coincide con el último día de huelga del sector en A Coruña y será simultánea en Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, las tres grandes ciudades afectadas por la falta de acuerdo provincial.

La intensidad de las movilizaciones, según indica Roberto Ferreira, miembro de la mesa negociadora y representante de la empresa carrocera vilagarciana Carsa, "dependerá de la reacción de la patronal", a quién le exigen "responsabilidad para desbloquear esta situación de precariedad en el sector".

Unidad sindical

Los sindicatos UGT, CC.OO y la CIG, a pesar de sus discrepancias, coinciden en atacar la reforma laboral emprendida por el Partido Popular en 2012, que permite a las empresas regirse por un convenio propio con salarios inferiores a los acordados en los convenios provinciales. Esta situación, unida a la subrogación que permite a estas empresas con convenio propio presentarse a concursos públicos produce la "desregularización del sector" y "permite crear nichos ajenos a la ley" según explica Anxo Lúa, representante de la CIG. Este mecanismo es utilizado por las empresas multiservicios que se dedican a diferentes áreas, desde fontanería hasta automoción, generando una situación de competencia desleal y de desigualdad laboral. De esta forma, los sindicatos exigen que este tipo de empresas se rijan, al igual que el resto, por el convenio provincial. A pesar de que este asunto en un principio fue incluído en la mesa de negociación "en la última reunión nos dieron a entender que no se iba a hacer nada al respecto", indica Anxo Lúa.

Otras de las reformas exigidas por los sindicatos están relacionadas con el plus de eventualidad y la regulación del plus tóxico, dos cuestiones que ya se pusieron en la mesa de negociación del anterior convenio de 2015. El convenio del metal en Pontevedra incluye un plus por eventualidad que se instauró con el objetivo de que al "empresario le resulte más costoso contratar eventualmente que indefinidamente".

En ese momento se pactó que dicho plus se abonase prorrateado, es decir, mes a mes. Sin embargo en el acuerdo actual las patronales pretenden que este complemento sea acumulable y cobrado al final del contrato. Para los sindicatos, esto "supondría en la práctica la eliminación del plus porque los trabajadores no la exigirían por miedo a que no les volviesen a contratar" , explica Anxo Lúa.

Con respecto al plus de toxicidad, insisten en la necesidad de "regular por convenio quien tiene derecho a ese plus" y que la asignación del mismo no dependa, como establece actualmente el acuerdo, "de la negociación entre el trabajador y la empresa".

Discrepancia salarial

Los sindicatos inciden en que "a pesar de la pérdida de casi 3.000 puestos de empleo, el sector tuvo un incremento del 1,8% en la facturación, lo que supondría un aumento de unos 14.000 puestos de trabajo solo en la provincia de Pontevedra", indica el representante de la CIG.

Por este motivo los sindicatos rechazan la propuesta salarial de la patronal, que establece un incremento salarial del 1,6% para este año, un 1,25% para 2018 y un 1% más en 2019, sin posibilidad de revisión. Además, la propuesta de la patronal pretende regular los contratos de formación, disminuyendo los salarios "desde los 707 euros hasta los 530" asegura Anxo Lúa.

Por otra parte reclaman una serie de medidas en materia social que aseguran "no supone ningún gasto para el empresario y de las cuales solo se recogieron dos en lo referente al desplazamiento de las mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género", indica Roberto Ferreiro.

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