Aunque no suele prodigarse en comparecencias o declaraciones públicas, Francisco Alcalde sí quiso responder ayer a las preguntas de FARO DE VIGO sobre la sentencia que obliga a la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega) a pagar una multa de 901.000 euros por haber formado parte durante diez años de un cártel tendente a pactar precios y repartir cuotas de mercado. Aunque de forma muy breve, al ser interpelado por su opinión sobre esa decisión judicial el presidente del Consello Regulador deja muy clara su postura diciendo que se trata de "una sentencia totalmente injusta y desproporcionada".
Su malestar y preocupación lo lleva a decir incluso que, "por desgracia, una vez más se puede comprobar cómo los sectores primarios de este país son los más castigados".
Hay que recordar que el sector fue multado con 1,8 millones de euros, correspondiendo a Opmega el pago de la mitad.
