El Ayuntamiento de Vilagarcía embarga una ayuda de 100 euros mensuales por familia numerosa a una vilagarciana en situación de exclusión social para cobrarle la deuda que mantiene con la administración en concepto de tasas e impuestos municipales, como el alcantarillado o la basura. Así lo denuncia María del Carmen Fernández Piñeiro, una vecina de Fontecarmoa de 38 años y con tres hijos cuyos únicos ingresos se traducen en 426 euros al mes de subsidio.

Esta cambadesa residente en Vilagarcía desde hace años estuvo a punto de ser desahuciada de su vivienda, por la que pagaba una hipoteca de 436 euros a 20 años. En 2010 se quedó sin trabajo y comenzaron los problemas.

Según su relato, esta primavera llegó a un acuerdo con la entidad bancaria para firmar una dación en pago, mediante la cual el banco se convertía en propietario del piso y Maricarmen y sus hijos podían continuar viviendo en el inmueble durante tres años a través de un alquiler social de 120 euros al mes que la afectada considera muy elevado (una vez superado ese tiempo podría aspirar a comprarlo de nuevo).

"El banco tenía que asumir las cargas de la vivienda, tenía de plazo hasta el 5 de abril para liquidar las deudas con el Ayuntamiento, pero no lo ha hecho y el Concello me sigue cobrando todo a mí", lamenta esta madre, que ha pedida ayuda a STOP Desahucios Barbanza, plataforma que considera "inembargable" la prestación de Hacienda que recibe por familia numerosa.

Maricarmen Fernández tiene un hijo de 18 años, otro que está a punto de cumplir la mayoría de edad y el menor tiene 14. Asegura que los mantiene ella sola con el subsidio de 426 euros mensuales que tiene concedido hasta el mes de noviembre. Su hijo mayor tuvo algún que otro trabajo esporádico, pero de muy poco tiempo, comenta la afectada.

Además de esta dramática situación económica, Maricarmen Fernández padece serios problemas de salud. Sufre fibromialgia "en un estado bastante avanzado", así como artritis, artrosis y reiterados episodios de ciática. "Ya pasé por filtraciones pero no me quieren operar por el riesgo de que me quede en una silla de ruedas", advierte.

Le han concedido un grado de discapacidad del 65%, por lo que le correspondería una pensión de 382 euros al mes. "Tengo que elegir entre este importe o el subsidio, no puedo cobrar las dos", apunta.

Agua y luz

A esta vecina de Vilagarcía ya le han cortado el agua y sospecha que el de la luz "está al caer" porque con los ingresos que entran en su hogar es incapaz de hacer frente a los gastos del mismo. En una situación así no comprende cómo el Ayuntamiento le está embargando una ayuda de 100 euros mensuales. "De esa prestación no he visto ni un duro", concluye Maricarmen Fernández.